En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, pero el oficialismo sufrió una derrota al no poder derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. El proyecto con media sanción ahora pasará al Senado, donde los libertarios buscan convertirlo en ley antes de fin de año. Será el primer Presupuesto de la gestión de Milei, después de dos años con prórrogas del plan 2023.
Para aprobar el texto en general, La Libertad Avanza contó con el apoyo de bloques como el PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca, los tucumanos de Independencia, los siete diputados de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad, un diputado de Por Santa Cruz y los dos sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo.
El peronismo, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo en la votación pero tuvo un papel clave al inicio de la sesión: sus legisladores, entre ellos Nicolás Massot y Miguel Pichetto, ayudaron a alcanzar el quórum.
En la votación particular, sin embargo, varios aliados del gobierno se negaron a convalidar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
El presupuesto oficial prevé un crecimiento del PIB del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio que rondaría los $1.423 en diciembre de 2026. El Gobierno estima un superávit primario del 1,5% del PIB y uno financiero del 0,2%, un aumento de las exportaciones del 10,6% y elimina las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición cuestionaron la credibilidad de esas previsiones, por ejemplo en lo referido al comportamiento del dólar.
El artículo 75 concentró la mayor parte de las críticas y provocó la polémica que abrió la sesión: el oficialismo propuso votar los capítulos completos (por títulos) para agrupar artículos, buscando evitar que algunos aliados se desmarcaran en ese punto.
La oposición reclamó que la votación sea nominal, artículo por artículo, para aislar el artículo 75 y evitar que quedara mezclado con otros temas como subsidios al gas, deudas de CAMMESA o la actualización de prestaciones por discapacidad. Diputados de Provincias Unidas pidieron que el tratamiento permitiera expresarse con claridad.
Pese a las objeciones, la moción del oficialismo para votar por títulos fue aprobada por 130 votos a favor y 112 en contra.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el proyecto y planteó que bajar el gasto público es necesario para reducir impuestos. Señaló que el gobierno anterior, aun sin presupuesto, mantuvo equilibrio fiscal y sostuvo que disminuir el gasto estatal constituye, según su visión, una forma de alivio social.
Benegas Lynch dijo que existe una discusión sobre si el equilibrio fiscal es contrario a la contención social, y sostuvo que, en su opinión, la reducción del gasto público libera a la sociedad del peso del Estado acumulado en décadas.
Desde el peronismo se afirmó que el Presupuesto propone nuevas políticas de ajuste, con caída del consumo y daño al entramado industrial. Legisladores como Agustín Rossi cuestionaron cómo se pretende reactivar el consumo y revertir la desigualdad con esas medidas.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, describió el proyecto como injusto y poco realista, afirmando que subestima la inflación y la suba de precios que afrontan los ciudadanos.
En las últimas semanas, el Gobierno buscó asegurar apoyos provinciales mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN): el ministro del Interior, Diego Santilli, asignó $66.000 millones a provincias como Tucumán, Misiones y Chaco. También se ofreció discutir la reforma de la Ley de Glaciares para atraer a provincias del sur con proyectos mineros.
A última hora, Santilli comprometió además la inclusión en el Presupuesto 2026 de los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema, lo que había sido un punto de discrepancia importante del PRO.
Durante la tarde de la sesión, Santilli mantuvo reuniones con diputados aliados hasta último momento para asegurar apoyos, en especial frente al contenido del artículo 75; algunos aliados describieron las negociaciones como un “plan canje”.
Poco antes de la votación, el informante Bertie Benegas Lynch anunció que introduciría dos modificaciones al texto: incorporar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y aumentar el financiamiento para el Poder Judicial en el capítulo 11, junto con la propuesta de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y universidades.
El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, objetó la ubicación de esas modificaciones y reclamó mayor coherencia en la redacción del articulado; anunció que el PRO votaría tanto en general como en particular, independientemente de las maniobras.
Desde el oficialismo, algunos interpretaron que la inclusión de esos cambios en el capítulo 11 tenía la intención de condicionar el voto de diputados del interbloque PRO que estaban indecisos.
El jefe del bloque Fuerza Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de introducir los artículos en el capítulo 11 para evitar que eventuales impugnaciones judiciales afectaran el financiamiento del Poder Judicial, y criticó duramente la maniobra.
Al votar el capítulo 11 en particular, la oposición insistió en habilitar la votación artículo por artículo para poder rechazar la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y universitarias. La reconsideración de la moción aprobada al inicio de la sesión requería una mayoría agravada de dos tercios y fue rechazada.
A pesar de las gestiones oficiales, el capítulo 11 fue rechazado en la votación particular: obtuvo 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones.
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