La extensa lectura de las acusaciones en el juicio conocido como “los cuadernos” llega a su etapa final. En la audiencia número doce —tras enumerar más de 1.300 imputaciones contra 86 acusados, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra— el Tribunal Oral Federal N°7 prosigue con la exposición de la acusación relativa al supuesto cartel en la obra pública que surgió a partir del análisis de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Este expediente, una de las tres causas paralelas vinculadas al proceso principal y promovidas al juicio por el fiscal Carlos Stornelli, se centra en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida en Comodoro Py como “La Camarita”. Entre los imputados aparecen el financista Ernesto Clarens, señalado como organizador del manejo del dinero junto a Carlos Wagner, además de figuras políticas como CFK, De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. En este expediente concreto, por ejemplo, Roberto Baratta no figura como parte acusada.
Según la acusación de Stornelli, el propósito de la asociación ilícita habría sido recaudar sobornos mediante un mecanismo de reparto de obras públicas que aseguraba retornos al Poder Ejecutivo de entre el 3% y el 20%. Las declaraciones de arrepentidos y empresarios, incluidas confesiones de Clarens y López, fueron presentadas como pruebas centrales por la fiscal Fabiana León. Para la fiscalía, De Vido habría sido “el máximo responsable” de implementar ese sistema.
La audiencia anterior destacó privilegios otorgados a contratistas que, según la acusación, pagaron sobornos. Ángelo Calcaterra —vinculado a IECSA y pariente de Mauricio Macri, que declaró como arrepentido durante la presidencia de Macri— habría recibido la adjudicación de 23 obras por un total que la fiscalía calcula en $2.899.552.917,97, en relación con los $3,5 millones que se le imputa haber pagado en sobornos.
Aldo Benito Roggio, ex presidente de Benito Roggio e Hijos, está acusado de realizar once pagos irregulares entre junio de 2009 y septiembre de 2010 por un total de $5,9 millones. La Dirección Nacional de Vialidad, según el Ministerio Público Fiscal, le adjudicó 22 obras por montos que superan los $3.300 millones.
La audiencia del martes pasado se extendió casi cinco horas y concluyó con la lectura de las imputaciones a empresarios vinculados a la red atribuida a Clarens; en ese momento se alcanzó cerca de la página 370 de las 420 que contiene el pedido de elevación a juicio del caso de cartelización de la obra pública. Se espera que en la jornada siguiente finalice la lectura de la acusación relativa a “La Camarita”.
Si efectivamente concluye la lectura, y conforme al anuncio del juez Enrique Méndez Signori, podría comenzar la acusación del expediente 18590/2018, de 92 páginas. Esa causa paralela investiga a Julio De Vido, al arrepentido Claudio Uberti —quien presidió el Órgano de Control de Concesiones Viales— y a otros ocho empresarios por supuestas coimas relacionadas con la concesión del Corredor Vial N°1 entre 2003 y 2007. El otro expediente paralelo en discusión aborda presuntas irregularidades en contratos ferroviarios durante el primer mandato kirchnerista, con Juan Pablo Schiavi como principal imputado.
La acusación de la UIF en el caso de “La Camarita”
La Unidad de Información Financiera (UIF) continuó con su acusación en el expediente de “La Camarita”, describiendo lo investigado como una “organización criminal” dirigida por “máximas autoridades” que habría buscado enriquecerse ilegítimamente y destinar esos recursos a otros delitos, según lo planteado por el organismo liderado por Paul Starc y representado en la audiencia por Mariano Galpern, director de litigios penales.
La UIF afirmó que la prueba reunida demuestra la existencia de varios sistemas de recaudación orientados a la obra pública, corredores viales, energía y transporte. Ese dinero, según la acusación, habría sido recolectado entre 2003 y 2015 y trasladado a domicilios vinculados al núcleo del poder, como la residencia de los Kirchner en Recoleta, la Quinta de Olivos o la Casa Rosada.
Funcionarios del Ministerio de Planificación como Sandro Férgola y Sergio Passacantando fueron señalados por la UIF como actores relevantes y como colaboradores de Clarens, que habría citado a empresarios para que enviaran mensajeros a entregar sobres en oficinas porteñas. Posteriormente, los fondos habrían sido remitidos a Héctor Daniel Muñoz —secretario de Néstor Kirchner, fallecido en 2016— quien, según la acusación, recibía dinero en una habitación del Hotel Panamericano. Los empresarios considerados más cercanos al poder, en cambio, habrían pagado directamente a López.
La lista de empresarios aportada por el fiscal Stornelli fue, según el expediente, respaldada también por la querella.
Sigue el juicio por los cuadernos: un imputado se descompuso
Durante la audiencia, Juan Bautista Pacella, representante de Constructora Dos Arroyos S.A. y acusado de haber pagado una coima, sufrió una baja de presión y quedó eximido de participar en la continuación del acto. Su defensa permaneció presente en la sala.
Acusan a CFK, De Vido y López de cobrar 175 coimas
La imputación que se leyó cierra el pedido de elevación a juicio del caso de cartelización de la obra pública. Esa misma acusación incluye a Ernesto Clarens como integrante de la asociación ilícita acusada de operar desde el Poder Ejecutivo.
Según la fiscalía, Roggio deberá responder por cuatro sobornos y Ángelo Calcaterra por once. Poco después de las 11:20 el Tribunal dictó un cuarto intermedio para continuar con la lectura de la acusación de la UIF.
Perales, el empresario delatado
Rodolfo Perales, presidente de Perales Aguiar S.A. e imputado por el pago de una coima, tuvo una mención particular en el expediente. El Tribunal recordó la confesión de Clarens, quien describió a Perales como “una especie de coordinador de La Camarita” y señaló que su empresa habría pagado solamente $30.000, cifra que en aquel momento rondaba los ocho mil dólares. José López también lo mencionó como uno de los empresarios designados por Wagner.
Clarens sostuvo que empresas como CHEDIACK, IECSA, VIALMANI, PERALES AGUIAR, LOSI y la propia WAGNER integraban la denominada Cámara Vial y que la entrada al grupo era relativamente libre. Perales admitió el pago y, según la fiscalía, obtuvo beneficios: entre 2003 y 2015 su compañía habría recibido la adjudicación de once obras por un total de $1.582.079.823,53, de las cuales seis fueron asignadas exclusivamente a Perales Aguiar S.A.
Comenzó la audiencia: Clarens, el gestor de los pagos truchos
La audiencia número 12 comenzó alrededor de las 9:25 del jueves. Entre los primeros mencionados estuvo Pablo Gutiérrez, de la empresa Fontana Nicastro, uno de más de 50 acusados en el expediente de “La Camarita”, imputado por un único pago de cohecho. Tanto Carlos Wagner como Ernesto Clarens lo señalaron, y el propio Gutiérrez reconoció contactos con Clarens para gestionar pagos en la Dirección Nacional de Vialidad. Stornelli aportó comunicaciones telefónicas que, según la acusación, registran esos vínculos.
Según la fiscalía, Wagner y Clarens identificaron a Fontana Nicastro como parte del sistema de cartelización, y Gutiérrez declaró haber conocido a Clarens por intermedio de Sandro Férgola.
Jorge Sergio Benolol, de la firma JCR, fue imputado por pagos que la fiscalía cuantificó en $85 millones, una suma menor que la de otros grandes contratistas. La estructura descrita en su caso es similar: varias transferencias vinculadas a adjudicaciones. La fiscalía sostuvo que los cuarenta pagos atribuidos a Benolol se relacionaron con cuarenta y cuatro obras adjudicadas en ese período, por un total de $5.294.597.026,18, de las cuales treinta y cinco fueron adjudicadas directamente a JCR SA.
Luis Armani, representante de Vialmani S.A. y acusado por el pago de una coima en el expediente de “La Camarita” —sin participación en las otras causas de la megacausa Cuadernos— figura también en la lista de aportantes a Clarens. Según la acusación, habría entregado medio millón de pesos y recibido obras por más de $541 millones.
En su testimonio, Armani afirmó: “Entregué el 31 de julio de 2003 quinientos mil pesos como contribución a una gestión de cobranza que realizó Ernesto Clarens para nosotros respecto de tres certificados de obra”.
