Un fallo reciente de un tribunal en Aquisgrán (Aachen), Alemania, que condenó a un hombre por drogar, violar y grabar a su esposa durante años y luego difundir los videos en internet, ha puesto de manifiesto lagunas en la normativa sobre delitos sexuales y la circulación de material de abuso en el país.
El caso, calificado como “muy significativo” por la campaña Nur Ja Heisst Ja, reavivó el debate sobre cómo debe definirse legalmente el consentimiento y la necesidad de actualizar las leyes frente a los desafíos de la era digital.
El acusado, identificado como Fernando P., un conserje escolar de 61 años, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su esposa en el domicilio conyugal, filmar los hechos y difundir las grabaciones en plataformas y chats en línea sin el conocimiento de la víctima.
El tribunal señaló que las grabaciones vulneraron “la esfera más íntima de la vida privada y los derechos personales” en treinta y cuatro casos, cuatro de los cuales concurrieron con hechos calificados como violación agravada y lesiones corporales peligrosas.
Además de las condenas por grabación y difusión, el hombre fue declarado culpable de coacción sexual agravada y agresión sexual.
Los jueces explicaron que el acusado sedó y abusó sexualmente de su esposa en repetidas ocasiones en el hogar conyugal, filmó esos actos y puso las grabaciones a disposición de otros usuarios en chats grupales y plataformas de internet. La sentencia puede ser apelada en el plazo de una semana.
La investigación estableció que los hechos juzgados ocurrieron entre 2018 y 2024, si bien la acusación incluía un periodo de casi quince años.
El tribunal absolvió al acusado de otros cargos, cuyos detalles no se revelaron. Según Nur Ja Heisst Ja, se trata del primer caso de este tipo que llega a la justicia alemana.
Jill S., activista de la campaña, dijo a CNN que el proceso pone de manifiesto “vacíos en nuestro sistema legal”. En la actualidad, la legislación alemana se apoya en el principio “no significa no”, que para los activistas deja desprotegidas a personas drogadas que no pueden oponerse verbalmente.
La organización impulsa la adopción del estándar “sí significa sí”, que exige consentimiento explícito para los actos sexuales y busca proteger mejor a las víctimas en situaciones en que no pueden manifestar oposición.
El caso de Fernando P. se ha comparado con el del francés Dominique Pelicot, condenado el año anterior por organizar durante casi una década la violación y el abuso de su entonces esposa, Gisèle, por parte de decenas de desconocidos contactados en salas de chat.
En el proceso contra Pelicot, otros 49 hombres también fueron declarados culpables de violación o agresión sexual, y el caso provocó un intenso debate público sobre la violencia de género y la misoginia en Francia.
El componente digital de estos delitos es una preocupación central para expertos y legisladores. Jill S. subrayó que, en Alemania, la mera posesión de material que muestre violaciones aún no siempre está tipificada como delito, lo que constituye un problema grave.
Ante ello, la ministra de Justicia de Baja Sajonia, Kathrin Wahlmann, ha lanzado una campaña a nivel regional para criminalizar la tenencia de este tipo de contenidos.
El año pasado, periodistas de investigación en Hamburgo hallaron indicios de otro hombre que, durante catorce años, compartió videos en un sitio para adultos que mostraban presuntamente la drogadicción y violación de su esposa; ese hombre no llegó a ser procesado porque falleció en 2024.
En Francia, la diputada Sandrine Josso también pide una actualización de las leyes para proteger a las mujeres frente a estos abusos. Josso ha denunciado haber sido drogada por el entonces senador Joël Guerriau en noviembre de 2023 y afirmó que las normas vigentes no reflejan suficientemente la realidad.
Josso describió a los sitios web y salas de chat que alojan contenido de violación como una “universidad en línea de la violencia”, donde se comparten métodos para drogar a las parejas y se intercambian grabaciones de los supuestos delitos.
Advirtió además que las redes sociales facilitan la formación de comunidades que comparten consejos, perfeccionan técnicas y “profesionalizan” estos comportamientos, lo que agrava la situación.
En ambos casos —el de Pelicot y el de Fernando P.— el material abusivo fue difundido en internet. Jill S. lamentó que los responsables se sintieran impunes al compartir ese contenido y acumular miles de archivos en sus dispositivos.
La activista expresó su esperanza de que el fallo contribuya a reducir la sensación de impunidad y facilite la investigación y condena de más agresores.
