Investigaciones han expuesto la existencia de comisarías secretas que el Partido Comunista Chino habría instalado en varios países para vigilar, controlar y perseguir a miembros de la diáspora que huyeron de la represión en China.
En 2018, el propio gobierno chino reconoció la instalación de “estaciones de servicio policial” en distintas ciudades, justificándolas públicamente como ayuda para trámites legales de sus ciudadanos en el exterior y para “recopilar inteligencia”.
Además de esos fines oficiales, las estaciones habrían servido para “persuadir a regresar” a ciudadanos acusados de delitos que, según Pekín, eludieron procesos formales de extradición.
Investigaciones recientes de la ONG Safeguard Defenders, dedicada a los derechos humanos, indican que la función real de estas comisarías va más allá de perseguir delincuentes o facilitar gestiones administrativas.
Según Laura Harth, directora de campaña de la organización, la tarea principal de estas estaciones parece ser el control de comunidades chinas en el exterior, incluidas aquellas comunidades silenciosas en las que podrían gestarse disidencias, no solo perseguir a activistas tal como se entienden en Occidente.
Las denuncias sobre persecuciones a ciudadanos objeto de acusaciones por parte de China, incluso por motivos políticos, habían ido en aumento en los meses previos.
Moritz Rudolf, académico de la Facultad de Derecho de Yale, ha señalado que estas estaciones forman parte de ambiciones más amplias de Pekín para aplicar y hacer cumplir sus leyes fuera de su territorio, según informó el Financial Times.
Rudolf afirma que, desde 2019, China ha aprobado normas con alcance extraterritorial en un intento de equipararse a otras potencias, pero que aún carece de la capacidad para imponer efectivamente esas leyes en el extranjero, especialmente en Europa.
Las autoridades estadounidenses han comenzado a abordar el problema: el Departamento de Justicia presentó este mes los primeros cargos penales relacionados con las presuntas estaciones policiales chinas en el exterior.
Harth sostiene que Estados Unidos ha llevado la delantera no tanto por la detección de estaciones en sí, sino por las investigaciones y enjuiciamientos de la represión transnacional procedente de la República Popular China.
También señala que los investigadores estadounidenses han podido coordinarse entre distintas agencias, un enfoque interdepartamental que hasta ahora ha sido difícil de replicar en Europa.
Para Safeguard Defenders, los países europeos están haciendo muy poco para abordar la presencia y actividad de estas comisarías secretas del PCCh.
La ONG, con sede en España, admite que Europa comienza a reaccionar, pero insiste en que debe intensificar su respuesta para frenar las operaciones de influencia del régimen chino y subraya que las estaciones son solo “la punta del iceberg”.
Harth afirma que en Europa se han identificado al menos 50 estaciones policiales vinculadas a China, con mayor presencia operativa en España, Alemania, Países Bajos, Francia y el sur de Italia; la presencia detectada en el Reino Unido sería menor.
La investigadora reconoce que probablemente existan estaciones aún no detectadas.
Además, advierte de que las estaciones son solo uno de los instrumentos que las autoridades chinas emplean para perseguir a personas en el extranjero: representan una forma llamativa y directa, pero reflejan prácticas más amplias.
Harth señala que desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping ha habido un marcado énfasis en el control interno y en el control de las comunidades chinas en el exterior, consideradas relevantes para el “gran rejuvenecimiento de la nación”.
Safeguard Defenders considera poco probable que Pekín reduzca este tipo de operaciones fuera de China; por el contrario, el lenguaje oficial sugiere que podrían ampliarse, aunque con denominaciones distintas a “comisarías”.
La ONG reclama que la respuesta europea a la extralimitación china comience por mapear todas las organizaciones vinculadas al Frente Unido, como paso inicial para entender y contrarrestar la red de influencia.
Harth advierte, no obstante, que esa medida por sí sola no bastará, porque muchas de esas organizaciones participan en actividades de influencia, interferencia y represión.
La activista mostró sorpresa ante la aparente pasividad de varios gobiernos europeos frente a la actividad de estas estaciones y subrayó que la respuesta debe incluir proteger instituciones, educar a los responsables públicos y contrarrestar la interferencia extranjera.
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