El bloque de diputados del PRO, liderado por su presidente Cristian Ritondo, presentó ante la Justicia un recurso de amparo para suspender la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación que la Cámara baja realizó en la madrugada del 18 de diciembre.
En su presentación, valoraron que la resolución 7018-D-2025 —que nombró a Rita Mónica Almada (La Libertad Avanza), a Juan Ignacio Forlón (vinculado al espacio kirchnerista) y a Cinthia Pamela Calletti (con lazos políticos al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz)— fue “abiertamente inconstitucional”.
Desde el PRO indicaron que esperaban la designación de Jorge Triaca, pero que finalmente quedaron fuera de un acuerdo que atribuyen, de manera presunta, a Martín Menem, a Fuerza Patria y a gobernadores del norte del país.
Según Ritondo, la elección de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. Señalaron además que “el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”.
Agregaron que la votación se efectuó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo ni debate parlamentario y sin cumplirse procedimientos reglamentarios esenciales, por lo que consideran que hubo múltiples irregularidades.
Desde el entorno de Ritondo sostuvieron que lo sucedido afectó derechos políticos de los diputados y quebró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado. Solicitaron a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución que designó a los auditores; que dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o actúen en la AGN hasta que exista una sentencia definitiva; y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
En el escrito de 29 páginas presentado ante la Justicia, con patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, se sostiene que la moción en Diputados que culminó en la designación se dio “sin informe de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo de Labor Parlamentaria y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.
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En ese marco, remarcaron que el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias no es un requisito formal, sino una garantía para que todos los diputados —especialmente quienes no integran la mayoría circunstancial— puedan ejercer efectivamente la representación que les confirió el electorado.
Por ello, el PRO consideró que la actuación del Honorable Cuerpo de Diputados de la Nación (HCDN) o de la AGN en contravención de la Constitución, las leyes y los reglamentos implica un menoscabo grave de los derechos y de la representatividad de los legisladores y constituye, a su juicio, un ataque institucional de significativa gravedad.
Ritondo ya había expresado su rechazo durante el procedimiento en la Cámara: visiblemente molesto, afirmó en la madrugada que la designación de miembros de la AGN “no se podía tratar” y la calificó de anticonstitucional. También responsabilizó a La Libertad Avanza por la falta de cumplimiento de acuerdos y anticipó que acudirían a la Justicia.
Cómo fue la designación
Tras la media sanción a los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó en la madrugada del jueves la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no figuraba en el temario del plenario ni en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, lo que motivó que varios legisladores se retiraran del recinto en señal de protesta.
La iniciativa surgió de un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para cubrir las vacantes. La propuesta formal mencionó a las personas a designar: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.
Bornoroni propuso votar la terna completa y autorizó a la Presidencia de la Cámara a formalizar la decisión mediante una resolución, lo que despertó reclamos y objeciones de distintos bloques en el recinto.
Frente a la situación, Ritondo sostuvo que se estaba ante una violación del artículo 65 de la Constitución Nacional y señaló que la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara.
