Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones desde que existen registros, con 347 personas ajusticiadas —dos más que en 2024—, según informó la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas representaron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte frente a 222 del año anterior. La ONG advirtió sobre un aumento sin precedentes de ejecuciones vinculadas específicamente al cannabis: 97 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con esa sustancia, frente a 15 en 2024.
En los últimos años el país ha reforzado su lucha contra el narcotráfico, considerado uno de sus principales problemas. La elevada demanda interna, el poder adquisitivo del mercado y la situación geográfica han convertido al reino en un destino relevante para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí establece la pena de muerte como castigo más severo para el contrabando de estupefacientes. La ley define como “contrabandista” tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye, y diferencia entre infractores primerizos y reincidentes: para un primer delito pueden imponerse prisión, azotes, multas o combinaciones de estas penas; para los reincidentes la sanción puede llegar a la pena capital.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo una moratoria anunciada por la Comisión Saudí de Derechos Humanos en 2021.
El informe también advierte sobre una creciente persecución de extranjeros, que representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025 (202 casos), de los cuales el 94 % fueron condenados por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, afirmó en 2018 su intención de reducir de manera significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, este nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción con las declaraciones y compromisos adquiridos en los últimos años”.
La organización señaló que las cifras oficiales podrían subestimar el total real de ejecuciones debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se apliquen sentencias sin previo aviso, en medio de prácticas que incluyen desde la tortura hasta la negación a las familias del derecho a la despedida y al entierro. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncia mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
