Felicitas, una joven cordobesa de 22 años que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2023 con una visa de trabajo, permanece en libertad condicional tras haber sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La detención ocurrió mientras gestionaba su residencia permanente, tras haberse casado con un ciudadano estadounidense.
El arresto se produjo cuando la mujer se encontraba en el último trámite del ajuste migratorio por su matrimonio con Marcus, celebrado en febrero de 2025. Tanto ella como su familia no esperaban ser detenidos ni pasar días en una celda.
La madre de Felicitas, Mariana Lozita, relató que durante los aproximadamente diez días de detención la mantuvieron esposada: “La tuvieron encadenada, con los tobillos esposados y una cadena que subía por la cintura y le sujetaba las muñecas”, dijo.
Según declaraciones recogidas por El Doce.tv, la familia había confiado en que ese sería el último paso del trámite. Lozita indicó que, mientras aguardaban, del lugar salió un agente del ICE que la detuvo por exceder el tiempo permitido por su visa.
La madre explicó que la visa de Felicitas vencía en marzo, pero ella podía permanecer en Estados Unidos porque estaba en trámite el ajuste por matrimonio y debía completarse el reconocimiento del vínculo como último requisito.
Además, contó que el 5 de diciembre su hija no fue llevada a la audiencia programada, lo que molestó a la jueza del caso, que fijó la fianza en el monto más bajo, US$1.500.
Felicitas había quedado en el país tras el vencimiento de su visa al amparo del trámite de reconocimiento del matrimonio y de un permiso de trabajo concedido después de la boda, lo que le permitía evitar la salida mientras avanzaba el procedimiento.
No obstante, fue arrestada de manera inesperada en una de las etapas finales, cuando un funcionario del ICE sostuvo que había superado el tiempo autorizado de permanencia.
Tras salir en libertad, la joven debe llevar una tobillera electrónica y aguarda una audiencia de deportación que definirá su situación migratoria. Su caso se enmarca en un contexto más amplio tras el cambio en una normativa relacionada con el acceso a la green card por matrimonio.
El gobierno de EEUU podrá deportar a los extranjeros que se casen con estadounidenses para obtener la residencia
Una nueva política migratoria introducida por el gobierno de Estados Unidos modifica el tratamiento de las solicitudes de residencia basadas en lazos familiares.
Desde la entrada en vigor de la actualización del manual del USCIS, el 1 de agosto, una petición familiar ya no garantiza por sí sola un estatus migratorio ni impide que se inicien procedimientos de expulsión. La norma se aplica tanto a solicitudes presentadas desde esa fecha como a las tramitaciones en curso.
El USCIS señaló que “una petición familiar no concede, por sí sola, un estatus migratorio ni impide la deportación”, lo que permite a las autoridades iniciar procesos de expulsión en cualquier momento del trámite.
Las autoridades justificaron la medida como una respuesta para reforzar la verificación de antecedentes y prevenir fraudes. El organismo afirmó que la actualización aporta “mayor integridad en los beneficios y brinda nuevas oportunidades de evaluación”, incluyendo la exigencia de entrevistas presenciales.
Según el USCIS, estos cambios buscan proteger la integridad del sistema migratorio mediante un escrutinio que detecte y evite fraudes y posibles amenazas a la seguridad nacional y pública.
Antes de esta normativa, las familias en trámite rara vez afrontaban audiencias migratorias salvo en casos de faltas graves, como delitos. Con la modificación, personas que esperan una resolución podrían ser citadas a comparecer ante un tribunal y enfrentar un proceso de expulsión aun sin antecedentes penales.
La abogada Elora Mukherjee advirtió que la aplicación estricta de la política podría tener un efecto disuasorio, dificultando que personas elegibles intenten regularizar su situación al vislumbrar el riesgo de ser sometidas a procesos de deportación.
