El Senado nacional realiza una sesión extraordinaria en la que se discuten dos iniciativas centrales para el Gobierno: el proyecto de Presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo busca cerrar el año legislativo con resultados que muestren control político y gestión, mientras persisten tensiones con sectores opositores que cuestionan algunos artículos.
El debate comenzó alrededor de las 12:20, en una sesión convocada por el presidente Javier Milei. Uno de los puntos más controversiales es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para áreas como educación, ciencia y defensa, y ha generado reclamos desde distintas provincias.
El artículo 12 introduce requisitos adicionales para las universidades, que deberán informar con detalle el uso de fondos y podrían ver suspendidas las transferencias si no cumplen. Para 2026, el Gobierno proyecta un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a $1.423 en diciembre.
Flavia Royón, senadora por Salta del bloque Primero Los Salteños, señaló que, si bien el presupuesto no es el ideal, considera que existen mayores riesgos si el país queda sin una ley de presupuesto.
Royón advirtió que la ausencia de un presupuesto genera incertidumbre administrativa y legal, y puede demorar transferencias a provincias, universidades y programas sociales, afectando el funcionamiento normal del Estado.
También remarcó que acompañar la sanción del presupuesto no implica silencio frente a lo que considera errores: dijo que apoyar la ley responde a un criterio federal y a la necesidad de que las provincias cuenten con recursos, pero pidió propuestas y correcciones.
Agregó que la discusión no se limita a cifras, sino a definir prioridades y orden; consideró que un país sin presupuesto carece de rumbo y que la ley debe reflejar el modelo de país que se busca.
Juliana Di Tullio, senadora del bloque Justicialista por la provincia de Buenos Aires, criticó el proyecto y afirmó que su objetivo es desfinanciar a las provincias y debilitar al Estado nacional.
Dijo que el articulado refleja una intención de “demoler el Estado-nación”, una construcción histórica que, a su juicio, se pretende destruir desde adentro.
En su intervención, Di Tullio también se refirió a declaraciones del Presidente sobre el supuesto declive del país y calificó esa postura como nociva para las instituciones.
Además, rechazó planteamientos del Gobierno que, según ella, denigran a sectores del Senado y los tildó de ofensivos en su retórica dirigida a los legisladores.
Carmen Álvarez Rivero, senadora por Córdoba del bloque LLA, celebró que el Presupuesto 2026 ponga el equilibrio fiscal como principio innegociable y respaldó la intención oficialista de ordenar cuentas y limitar mecanismos discrecionales fuera del control del Congreso.
Álvarez Rivero señaló que la repetida utilización de emergencias y medidas excepcionales vació de contenido el presupuesto y debilitó el control parlamentario sobre el gasto público.
Advirtió que esas prácticas tuvieron efectos generalizados en la sociedad y que nadie quedó al margen de decisiones gubernamentales que, en su opinión, fueron equivocadas.
Daniel Bensusán anunció su voto negativo al proyecto y afirmó que no se puede aprobar un presupuesto que implique recortes que perjudiquen a la población, poniendo especial énfasis en la defensa de la educación.
Sostuvo que el proyecto atenta contra el sistema educativo en todos sus niveles y defendió la necesidad de preservar recursos para las universidades, recordando que el Congreso ya votó a favor de su financiamiento en dos oportunidades durante 2025.
El senador pampeano destacó que el artículo 61 mantiene una asignación para transferencias a cajas previsionales provinciales similar a la de 2023, lo que generó cuestionamientos sobre su alcance y suficiencia.
Maximiliano Abad subrayó la importancia de aprobar un presupuesto para el funcionamiento institucional y la credibilidad, aunque expresó preocupación por la reducción de fondos para educación y ciencia y por el impacto en sectores productivos como pesca y turismo.
Abad señaló que la inversión en ciencia es muy baja respecto del PBI (0,149 % según su intervención) y criticó la postura de quienes minimizan el vínculo entre conocimiento, innovación y desarrollo.
En relación con el artículo 30, lo describió como una disposición que elimina los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia previstos por la ley, y lo calificó como un recorte significativo.
Durante el debate, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con la presidenta del bloque LLA, Patricia Bullrich, en el recinto; su presencia fue destacada por el oficialismo como clave para reunir los votos necesarios para que el proyecto pueda ser tratado en el Senado.
El senador Jorge Capitanich, de Fuerza Patria, anunció el rechazo de su bloque al Presupuesto enviado por el Ejecutivo y pidió discutir no solo el equilibrio fiscal sino también el equilibrio monetario y externo, reclamando un análisis más profundo de la tendencia de estancamiento económico del país.
Capitanich pidió que se analice la composición de recursos y advirtió sobre impactos negativos en inversión pública y en las provincias, además de cuestionar el tratamiento acelerado de la iniciativa.
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Mayans criticó el tratamiento exprés del Presupuesto
El jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó la ley de Presupuesto y rechazó el trámite rápido. Planteó críticas a la dinámica de la sesión y acusó a la conducción del Senado de vulnerar procedimientos parlamentarios, al tiempo que responsabilizó a Patricia Bullrich por la metodología empleada.
Mayans sostuvo que el reglamento y la Constitución se están violando con el proceso adoptado y criticó la gestión de Bullrich como ministra y su papel en el Senado, denunciando interferencias en los despachos de los legisladores.
Senadores ausentes
En la sesión hubo dos ausentes: José María Carambia y Natalia Gadano, ambos representantes de la provincia de Santa Cruz.
Denuncia por allanamiento y un cruce en el recinto
La senadora fueguina Cristina López planteó una cuestión de privilegio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y denunció que, durante un operativo en su despacho a principios de mes, sufrió agresiones físicas y “tocamientos impúdicos”, según su relato. López también manifestó su preocupación por lo que consideró un clima autoritario en el cuerpo.
Durante su intervención hubo intercambios entre López y la vicepresidenta, que le pidió mantener el orden y no extender la lectura de la cuestión de privilegio. En un momento de tensión, la senadora López profirió la expresión “Callate mamarracho” hacia otra legisladora.
Inicio de la sesión con cuestiones de privilegio
La sesión se abrió con varias cuestiones de privilegio. Entre ellas, Carlos Linares (UCR-Chubut) cuestionó a Horacio Marín, presidente de YPF, por decisiones relacionadas con la cuenca San Jorge y Santa Cruz; y Martín Soria (PJ-Río Negro) cuestionó a Patricia Bullrich por la situación de la renunciada Lorena Villaverde.
Cándida López también presentó una cuestión de privilegio y denunció que no funciona correctamente la dinámica del recinto, al tiempo que planteó críticas sobre el tratamiento de ciertos temas en la Cámara.
Juró Enzo Fullone, reemplazante de Lorena Villaverde
Al inicio de la sesión, la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó juramento a Enzo Fullone como reemplazante de Lorena Villaverde, quien renunció en medio de denuncias vinculadas a un expediente judicial en Estados Unidos.
Comienzo formal de la sesión
Los principales bloques ingresaron al recinto y la sesión especial inició pasadas las 12:20. Solo los dos senadores por Santa Cruz estuvieron ausentes, por lo que se alcanzó quórum para comenzar el debate.
Sin acuerdo en labor parlamentaria
En la reunión preparatoria de labor parlamentaria no se alcanzó un acuerdo sobre la metodología para tratar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: el peronismo pidió votación por artículos y el oficialismo propuso votar por capítulos, anticipando una jornada larga y compleja.
Apoyo de una senadora dialoguista
Carolina Losada, senadora de la UCR, manifestó que es importante que el gobierno cuente con un presupuesto porque permite transparentar el destino de los recursos públicos y fortalecer los organismos de control. Consideró que institucionalmente es positivo y dijo que, en su opinión, “están los votos para aprobarlo”.
Patricia Bullrich: confianza en la sanción
Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA en el Senado, defendió la necesidad de contar con la ley de Presupuesto y afirmó que el oficialismo trabaja para conseguir apoyos. Consultada sobre la posibilidad de sanción, dijo que tienen confianza en lograrlo.
Qué incorpora la Ley de Inocencia Fiscal
La iniciativa introduce cambios al Régimen Penal Tributario, a los Procedimientos Fiscales y al Código Civil y Comercial, y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Propone un “Régimen simplificado de Ganancias” que, según el Ejecutivo, blindaría a los contribuyentes adheridos frente a controles patrimoniales.
Ese régimen tendría un tope patrimonial para adherir (hasta 10.000 millones de pesos según el proyecto) y eximiría a los adherentes de informar variaciones patrimoniales o justificar consumos. ARCA cobraría impuesto a las Ganancias sobre lo facturado, y de esa base se deducirían consumos.
El artículo 39 establece que el pago conforme a la declaración propuesta por ARCA produce efecto liberatorio si se realiza en término, salvo en casos de omisión de ingresos.
El proyecto eleva los umbrales para tipificar evasión simple (de $1.500.000 a $100.000.000) y establece que la evasión agravada requerirá superar 1.000 millones de pesos. Aunque flexibiliza ciertos controles, también aumentaría las sanciones económicas por presentar declaraciones fuera de término.
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Mayans define al proyecto como “Presupuesto de un gobierno de facto”
José Mayans adelantó el rechazo del bloque peronista al proyecto con media sanción de Diputados y pidió que vuelva a la Cámara baja por varias razones: el efecto sobre la educación (artículo 30), el tratamiento exprés de la deuda externa, el régimen previsional provincial y la baja en inversión pública, entre otros puntos. También reclamó la presencia del ministro para explicar el texto y criticó la ausencia del titular de Economía.
Mayans sostuvo que el trámite exprés perjudica al país y afirmó que la propuesta podría provocar una fuerte caída en los recursos de las provincias, calificando el proyecto como propio de “un gobierno de facto”.
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