En una sesión tensa hasta el final, el oficialismo aprobó en el Senado la primera ley de Presupuesto del presidente Javier Milei. El proyecto fue sancionado sin cambios con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, lo que constituye un hito para el gobierno, que hasta ahora había gestionado mediante prórrogas presupuestarias.
El respaldo provino del PRO, la UCR y de los bloques oficialistas de Tucumán, Misiones, Chubut, Neuquén y Salta, además del bloque provincial de Santa Cruz. También acompañaron dos senadoras del interbloque peronista: Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Alejandra Vigo (schiarettista) se abstuvo tanto en general como en particular. Los votos en contra provinieron mayoritariamente del kirchnerismo, con las excepciones mencionadas.
Tras intensas negociaciones entre senadores, funcionarios y gobernadores, el oficialismo logró que se aprobara un controvertido capítulo que modifica pisos de inversión en educación y Ciencia y Tecnología y condiciona fondos a universidades nacionales. Ese capítulo obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, de Vigo y la neuquina Julieta Corroza.
Patricia Bullrich, en su primera sesión como jefa del bloque libertario, tuvo una participación muy activa. Trabajó para aprobar ese capítulo en el Senado y así evitar que el proyecto volviera a la Cámara de Diputados, lo que habría demorado o complicado su tratamiento.
Durante el debate, Bullrich gestionó apoyos recorriendo pasillos y despachos tanto de aliados como de opositores. Al despacho de la exfuncionaria se acercaron, entre otros, el ministro del Interior Diego Santilli, el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El oficialismo buscó evitar el retorno del proyecto a Diputados, donde había incertidumbre sobre la continuidad de las sesiones y sobre el quórum. Las sesiones extraordinarias finalizan el 30 de diciembre y no estaba garantizado el quórum ni en diciembre ni en enero, por lo que se intensificaron las negociaciones para aprobar la norma sin cambios.
Uno de los beneficiarios de las tratativas fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. En plena sesión acordó con Santilli avanzar en una auditoría conjunta con la Nación sobre la deuda con la caja previsional provincial, que él situó en torno a $50.000 millones. Las dos senadoras alineadas con Torres, Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), votaron a favor del Presupuesto.
La mayor preocupación se centró en el Capítulo II, que elimina o condiciona fondos para áreas como educación, ciencia y técnica, y defensa. Además del bloque kirchnerista, tres senadores radicales —Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa)— votaron en contra.
Uno de los artículos más cuestionados fue el artículo 30, que suprime los pisos de inversión en relación al PBI para educación y para Ciencia y Tecnología, elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y desmantela el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF).
El titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, criticó la eliminación de esos pisos de inversión y cuestionó el argumento oficial de que no se cumplían, subrayando la importancia del conocimiento y la innovación para el desarrollo.
Otro artículo polémico fue el 12, que faculta al Ministerio de Capital Humano a interrumpir transferencias a universidades nacionales si no suministran “en tiempo y forma” la información requerida para la asignación y evaluación de los recursos.
El senador Flavio Fama, ex rector, objetó esa facultad y recordó que la Ley de Administración Financiera ya establece mecanismos de rendición de cuentas; indicó que, si bien corresponde controlar los fondos, no considera apropiado delegar esa potestad en un solo funcionario.
El Gobierno buscó sancionar el Presupuesto el mismo día para acortar el debate y evitar más incertidumbre en Diputados. Bullrich, en ese contexto, desistió días antes de intentar reincorporar al proyecto el Capítulo XI —suprimido por la oposición— que derogaba normas que aumentaban fondos a universidades y al sistema de discapacidad.
A pesar de las diferencias registradas en Diputados, en el Gobierno señalaron que el texto enviado al Senado no se aparta sustancialmente de los objetivos iniciales y reafirmaron la intención de lograr un resultado financiero equilibrado o superavitario, tal como plantea el artículo primero.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, sostuvo que el Presupuesto propone volver a un objetivo de déficit cero después de trece años y afirmó que la intención es ordenar las cuentas públicas y no gastar más de lo que ingresa.
Al cierre del debate, Bullrich describió el Presupuesto como la expresión de un rumbo económico claro y destacó diferencias en términos de inflación, superávit y el tamaño del Estado, enfatizando la prioridad de reducir el déficit y promover mayor espacio para la actividad privada y el empleo.
Alejandra Vigo mantuvo silencio público en la sesión, aunque había mostrado desacuerdo en comisión: no firmó el dictamen del oficialismo por discrepancias sobre el monto destinado a cubrir el déficit de las cajas previsionales no transferidas, como la de Córdoba, y finalmente se abstuvo, como lo hicieron los legisladores de su espacio.
