La iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada por el Senado y busca modificar el marco tributario y penal para incentivar la regularización de dólares no declarados y disminuir los controles fiscales sobre quienes se adhieran.
La llamada Ley de Inocencia Fiscal, propuesta por el Poder Ejecutivo y recientemente sancionada por el Congreso, introduce cambios relevantes en el sistema tributario argentino con el objetivo de promover el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal y reducir las sanciones penales por evasión fiscal, según la versión oficial del Gobierno de Javier Milei.
La norma modifica el Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimientos Fiscales y el Código Civil y Comercial, y crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada que redefine la relación entre el Estado y los contribuyentes que opten por adherir.
Régimen Simplificado de Ganancias: el eje central
El aspecto central de la ley es la creación de un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al que podrán acceder personas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos. Los adherentes quedarán eximidos de informar variaciones patrimoniales y no estarán sujetos a controles sobre sus consumos.
En la práctica, esto implica que el organismo recaudador ARCA solo podrá exigir el impuesto a las Ganancias en función de los ingresos efectivamente facturados. El aumento patrimonial no será objeto de fiscalización y, sobre la base declarada, se permitirán deducciones por consumos.
El artículo 39 establece el denominado “efecto liberatorio del pago”, que se activa cuando el contribuyente acepta la declaración jurada propuesta por ARCA y realiza el pago en término, siempre que no se hayan omitido ingresos.
Cambios en los delitos de evasión
La ley incrementa de forma significativa los montos mínimos para que una conducta sea considerada delito:
Evasión simple: el umbral aumenta de 1,5 millones de pesos a 100 millones.
Evasión agravada: el piso sube de 15 millones a más de 1.000 millones de pesos.
Además, se acorta el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasa de cinco a tres años.
Beneficios penales y regularización de deudas
La norma establece que ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes; este beneficio podrá utilizarse una sola vez por persona.
Cuando la denuncia aún no se haya formalizado, la acción penal se extinguirá si el contribuyente paga la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Más alivio fiscal, pero sanciones más altas
Si bien la Ley de Inocencia Fiscal flexibiliza ciertos controles y reduce el ámbito penal del sistema tributario, también contempla un aumento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones fuera de término.
Desde el Gobierno afirman que la norma pretende cambiar el paradigma: dejar atrás un esquema de control estricto sobre ahorros y consumos y concentrar los recursos estatales en la persecución de delitos de mayor gravedad.
