El oficialismo de Morón aprobó en la Asamblea de Mayores Contribuyentes el cronograma de aumentos de tasas municipales para 2026. La ordenanza Fiscal e Impositiva enviada por el intendente Lucas Ghi recibió el respaldo del bloque Fuerza Patria y de un espacio aliado, lo que le dio la mayoría necesaria en el recinto. La presencia de la concejal libertaria Alejandra Liquitay fue determinante para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto.
El texto votado no coincidió con la versión original remitida por el Ejecutivo: la bancada oficialista introdujo modificaciones que el intendente aceptó tras una reunión encabezada por el secretario de Economía y Finanzas, Guido Napolitano, junto a concejales del espacio. Ese acuerdo interno impidió un nuevo revés legislativo después del rechazo que la iniciativa había sufrido semanas antes.
La defensa del nuevo esquema estuvo a cargo de Florencia De Luca, quien afirmó que los cambios priorizan el destino de los recursos. Señaló que la mayor parte de los fondos municipales se destinarán a las áreas más sensibles y consideró que la propuesta responde a las necesidades del Municipio y de los vecinos.
Agustín Ramponelli, único orador cercano al intendente durante el debate, cuestionó el recorte de fondos nacionales y defendió el aumento de tasas. Señaló que la caída de recursos del Estado nacional y el encarecimiento de insumos municipales justifican la medida, y afirmó que el esquema busca proteger a la clase media y a los sectores populares, describiéndolo como un diseño tributario pensado para amortiguar el impacto.
La oposición mostró un rechazo unificado. Los bloques opositores ingresaron al recinto cuando el debate ya había comenzado y pusieron en duda la legalidad de la sesión. La secretaria del Concejo, Daniela Coullery, leyó una nota del edil Ariel Aguilera (Todo por Argentina) en la que calificó la convocatoria como “ilegal”.
Desde La Libertad Avanza, Analía Zappulla sostuvo que se trató de una sesión preparatoria fuera del reglamento y advirtió que la convocatoria está viciada de nulidad. En términos políticos rechazó el aumento al considerar que no se condice con la prestación de los servicios municipales.
Las críticas también se centraron en el estado del sistema de salud local. Daniela Cáceres denunció deficiencias en el Hospital de Morón, mencionando problemas como la falta de funcionamiento de una heladera y la presencia de ratas, y concluyó que el intendente carece de autoridad moral para solicitar a los vecinos un aumento de tasas.
Otras voces opositoras cuestionaron tributos concretos. María Mobilia criticó la continuidad de la denominada Tasa Covid pese al fin de la pandemia; Pablo Miño expresó su incomprensión ante la insistencia del intendente en pedir el aumento; y Ezequiel Tozzi describió al Ejecutivo como una maquinaria orientada a la recaudación.
Durante la sesión también expusieron mayores contribuyentes, que mostraron posiciones divididas. La votación culminó con 26 votos afirmativos y 16 negativos, con lo que la ordenanza fue aprobada.
Los cambios introducidos modificaron de forma significativa el impacto del aumento. La Tasa por Servicios Generales no tendrá un incremento homogéneo: desde el 1 de enero, las zonas medias y altas enfrentarán una suba del 10%, mientras que en las zonas más vulnerables el aumento será del 5%. El esquema prevé ajustes sucesivos hasta alcanzar un 30% acumulado en junio.
Fuentes consultadas explicaron que el proyecto inicial proponía un aumento del 30% desde enero para todos por igual, pero que esa propuesta fue modificada. El resultado acordado establece un 10% para los sectores con mayor capacidad contributiva y un 5% para los de menores ingresos.
En cuanto a la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene, algunos rubros comenzarán con un aumento del 20% en enero y aplicarán subas adicionales del 5% en marzo, mayo y julio. Esa segmentación fue fruto de un acuerdo con cámaras empresarias y comerciales.
Otros sectores afrontarán un incremento del 35% desde enero; en ese grupo se incluyeron crematorios, ART, hipódromos, bancos y entidades financieras, casas de cambio, agencias de apuestas, bingos, casinos, minibancos y cajeros automáticos. Con ese esquema, el oficialismo logró aprobar una ordenanza clave y atenuar el impacto político de una discusión que dejó al descubierto fisuras internas y un Concejo atravesado por tensiones.
