Una disputa por los límites de un terreno en el barrio Parque Camet, en Mar del Plata, terminó con un hombre gravemente herido tras ser apuñalado por uno de sus vecinos; el agresor permanecerá alojado en la Unidad Penal número 44 de Batán luego de que se le dictara la prisión preventiva mientras continúa la investigación.
El imputado fue identificado como Víctor Hugo Brito y fue acusado del delito de “homicidio en grado de tentativa” por el ataque contra Pablo Zacestz.
Según la causa, el enfrentamiento se originó cuando Brito mantuvo una discusión con los hijos de la víctima por la delimitación de un lote y, en ese contexto, atacó a la víctima con un arma blanca.
La puñalada alcanzó la zona abdominal, provocando una lesión grave que requirió asistencia médica inmediata; la fiscalía sostiene que el hecho puso en riesgo la vida de la víctima.
Con esos elementos probatorios, el fiscal Carlos Russo solicitó que Brito permaneciera privado de su libertad mientras avanza la investigación.
El juez de Garantías Juan Tapia hizo lugar al pedido y convirtió la detención en prisión preventiva, al considerar que la imputación está respaldada por diversas pruebas reunidas en la instrucción.
Entre las pruebas que valoró el magistrado figuran las actuaciones policiales del día del hecho, los informes médicos sobre la gravedad de la lesión, las actas de allanamiento y detención, y las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente.
Además, los familiares de la víctima denunciaron ante las autoridades que, incluso después del ataque, el acusado continuó hostigándolos en el barrio de forma sistemática.
Según relataron, el agresor arrojaba piedras contra la propiedad y los amenazaba de muerte cuando pasaba frente al domicilio familiar.
En relación con estos hechos, la Agencia Noticias Argentinas consignó el testimonio de un vecino que dijo que, en la semana siguiente al ataque, el acusado se emborrachaba y desde la esquina gritaba: “vigilante, te voy a matar”, insultando y amenazando de manera cotidiana.
El juez Tapia también tuvo en cuenta que varios vecinos manifestaron un marcado temor al declarar ante la policía, circunstancia que, según su resolución, podría entorpecer el normal desarrollo del proceso si el imputado recuperara la libertad.
La medida de prisión preventiva será revisada en un plazo máximo de 60 días, periodo en el que la Justicia evaluará el avance de la investigación y si persisten las razones que justifican la detención del acusado.
Durante ese lapso, las autoridades continuarán recabando pruebas y tomando declaraciones para definir el rumbo del expediente y las medidas procesales correspondientes.
El caso permanece en etapa de instrucción mientras se verifican las pruebas aportadas y se realiza el análisis judicial de las circunstancias que rodearon el ataque y las conductas posteriores del imputado.
