El presidente Vladímir V. Putin ha sostenido una gran maquinaria bélica en Ucrania que exige un número continuo de efectivos.
Según una investigación de The New York Times, dicha maquinaria se apoya en un patrón sistemático de brutalidad y coerción: comandantes castigan y explotan a sus soldados —incluidos quienes están gravemente enfermos o heridos— para mantenerlos en el frente.
Putin ha presentado a las tropas como héroes y a la sociedad rusa como una herramienta clave del esfuerzo bélico, pero más de 6.000 denuncias confidenciales revisadas por The Times muestran que, bajo la superficie, hay indignación, sufrimiento y familias destrozadas por las prácticas usadas para sostener la guerra.
Una denunciante de Sarátov escribió que han vivido con miedo y silencio durante tres años, y que la situación le causa un dolor profundo por la injusticia.
Miles de familiares que buscan respuestas ante el gobierno ruso relatan la desaparición o el encarcelamiento de seres queridos; más de 1.500 denuncias detallan irregularidades dentro del ejército que en gran medida permanecen ocultas al público ruso debido a la prohibición de criticar a las fuerzas armadas y al cierre de medios independientes.
Las quejas se concentran especialmente en unidades formadas por reclutas provenientes de prisiones y centros de detención preventiva, una fuente de tropas que el Kremlin emplea para evitar una movilización masiva que pudiera generar rechazo público.
Las denuncias describen un amplio rango de abusos y prácticas coercitivas:
– Soldados enviados al frente a pesar de padecer dolencias graves como fracturas, cáncer en etapa avanzada, epilepsia, pérdida grave de visión o audición, traumatismos craneales, trastornos mentales y secuelas de accidentes cerebrovasculares.
– Prisioneros de guerra liberados que son reubicados de inmediato y contra su voluntad en combate activo.
– Amenazas de muerte y asesinatos internos que los denunciantes identifican como “obnuleniye” o “eliminación”.
– Extorsión y robo por parte de mandos, incluidos pagos para evitar misiones de alto riesgo.
– Castigos físicos y confinamientos (golpes, encierros en sótanos, arrojarlos a fosas, atarlos a árboles) para quienes se niegan a cumplir órdenes o a pagar sobornos.
– Coerción para firmar contratos extendidos y transferencia forzada a unidades de asalto de elevada mortalidad en caso de negativa.
Las denuncias llegaron a la defensora del pueblo de Rusia, Tatyana N. Moskalkova, quien depende del presidente. Un error de su oficina hizo accesibles en línea quejas presentadas entre abril y septiembre; esos archivos fueron recopilados por Echo, un medio digital ruso en Berlín, y compartidos con The Times.
La oficina de la defensora, el Kremlin y el Ministerio de Defensa no respondieron a solicitudes de comentario.
The Times tomó medidas para verificar la autenticidad general de los documentos: contactó a más de 240 denunciantes (75 confirmaron haber presentado quejas) y examinó materiales adjuntos a las presentaciones —videos, fotografías, mensajes, expedientes médicos y documentos militares— aunque en muchos casos no fue posible corroborar todas las afirmaciones.
En algunos casos, los denunciantes dijeron que las autoridades habían abierto investigaciones penales o habían tomado otras medidas; unos pocos casos fueron resueltos, pero la mayoría recibió respuestas limitadas, como cartas formales.
Si bien los testimonios muestran un patrón de abuso en cientos de casos, los denunciantes representan una fracción del conjunto de las fuerzas. No está claro cuán generalizadas son estas prácticas en todo el ejército ni si tienen impacto en la capacidad militar rusa. El miedo a represalias sugiere que muchos casos no se denuncian.
Para proteger a las personas, The Times omite nombres completos y otros datos identificativos, salvo cuando los afectados han consentido su publicación; muchas de las peticiones incluyen acusaciones que serían ilegales expresar públicamente en Rusia.
En una denuncia fechada el 27 de agosto, la madre de un soldado adjuntó un video en el que su hijo y otro soldado aparecían esposados a un árbol durante cuatro días sin comida, agua ni acceso a un baño, y pidió que no se les tratara “como animales”.
En redes sociales la misma madre afirmó que fueron castigados por negarse a una misión suicida que consistía en tomarse una foto con una bandera rusa en territorio controlado por Ucrania.
El propio soldado, identificado como Ilya Gorkov, dijo a The Times que filmó el video cerca de Kreminna y que fue liberado gracias a contactos en los servicios de seguridad; aseguró que se negó a volver a la unidad por temor a que volver significara una sentencia de muerte.
Coerción para luchar
Con la prolongación del conflicto, Moscú ha recurrido a métodos cada vez más extremos para abastecer las líneas: movilizaciones, reclutamiento de prisioneros y detenidos preventivos, uso de combatientes extranjeros y contratación de mercenarios, además de incentivos económicos para alistarse.
Las denuncias muestran que, además de incentivos, la coerción es clave: presiones para firmar contratos, manipulación psicológica y la práctica —como política en algunas unidades— de trasladar a reclutas que se niegan a firmar hacia compañías de asalto de alto riesgo.
Una vez enrolados, muchos soldados enfrentan presión intensa para permanecer en combate aun cuando no estén médicamente aptos: hay relatos de soldados interceptados mientras buscaban tratamiento, catalogados luego como ausentes y devueltos al frente por la policía militar.
Casos documentan revisiones médicas apresuradas donde grandes cantidades de hombres son declaradas aptas en poco tiempo, y testimonios de soldados que vieron a compañeros gravemente enfermos siendo enviados de regreso al combate.
Algunas denuncias detallan que hombres con problemas psicológicos o con medicación psiquiátrica fueron engañados para firmar contratos y enviados al frente pese al riesgo que representaban para sí mismos y para otros.
También hay denuncias de que se retiran bastones y muletas a soldados heridos al reincorporarlos, y de videos que muestran a combatientes cojeando o usando muletas mientras son enviados a operaciones.
En al menos 95 casos revisados, prisioneros de guerra liberados por Ucrania fueron devueltos por Rusia al servicio militar, a menudo al combate activo, incluso en días posteriores a su liberación.
Exprisioneros relatan que regresar al frente agravó su inestabilidad psicológica y les dificultó cumplir órdenes, lo que, según denuncian, convierte su reincorporación inmediata en una decisión imprudente.
Abusos en el campo de batalla
Muchas denuncias, especialmente desde regimientos compuestos por antiguos presos, describen un clima en el que los soldados temen tanto las palizas y la extorsión de sus propios mandos como la violencia enemiga.
Castigos crueles se emplean para controlar o lucrar: objetar órdenes o intentar abandonar una unidad suele desencadenar represalias físicas y humillaciones.
Un ejemplo relatado por una abuela que presentó quejas: su nieto, liberado antes de tiempo de prisión tras firmar un contrato, sufrió golpizas, exposición, humillaciones y privaciones en una base en Kamchatka después de lesionarse en combate y pedir no seguir sirviendo.
Denuncias incluyen casos de soldados atados a árboles, encerrados desnudos, pateados en heridas previas y sometidos a humillaciones repetidas; varias aportan videos y fotos como prueba.
También se documenta la práctica de exigir sobornos para evitar servicios peligrosos, tras lo cual algunos comandantes enviaban a quienes habían pagado a las mismas misiones pese al pago.
La gran cantidad de compensaciones estatales por heridas ha generado nuevas oportunidades de extorsión: hay denuncias de comandantes que reclaman parte de los pagos o registran lesiones falsas para beneficiarse.
Una denuncia colectiva firmada por familiares acusa a comandantes de la unidad militar N.o 36994 de haber ordenado la muerte de centenares de sus propios soldados, enterrar cuerpos para ocultar pruebas y extraer dinero de teléfonos y cuentas de los fallecidos.
Según esas familias, pese a detenciones puntuales de miembros de la unidad en 2023 y 2024, los asesinatos habrían continuado.
El joven Said Murtazaliyev, que aparece en un video enviado a su madre, explicó que había recaudado dinero entre compañeros para evitar un asalto mortal y que, pese a ello, fue enviado a la misión; en el video dijo temer por su vida y nombró comandantes que, según él, ordenaron su eliminación. Desde el 7 de marzo no se sabe de su paradero.
Familiares de soldados desaparecidos denuncian la falta de información y respuestas: en algunos casos recibieron versiones contradictorias sobre la causa de muerte o encontraron los cuerpos con daños que consideraron sospechosos. En otros, aseguraron que las autoridades devolvieron dispositivos borrados de datos.
El dolor por la ausencia o la muerte de seres queridos y la sensación de impunidad de algunos mandos aparecen recurrentes en miles de quejas recibidas por la defensoría.
Algunos denunciantes sostienen que las autoridades militares limitan las investigaciones al no recuperar cuerpos o al presentar explicaciones oficiales inconsistentes, mientras las familias buscan sin respuestas el cierre y la verdad sobre lo sucedido.
La serie de denuncias recogidas y analizadas por The Times refleja patrones de abuso, coerción y negligencia en muchas unidades, aunque la extensión real de estas prácticas en todo el ejército ruso sigue sin poder cuantificarse con certeza.
(C) The New York Times.-
