Comprar alimentos en la Argentina en 2025 implicó una carga tributaria elevada incluida en el precio final. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que la carga legal sobre un alimento osciló entre el 42% y el 43% del valor que paga el consumidor en las principales ciudades, tras analizar la normativa vigente en los tres niveles de gobierno y determinar qué impuestos y aportes componen esa porción del precio.
El estudio calculó el costo impositivo total promedio sobre un alimento que tributa la alícuota plena del IVA del 21%, considerando toda la cadena productiva y comercial. Para ello, el IARAF partió desde el nivel industrial y modeló cuatro eslabones: un proveedor de insumos, un establecimiento industrial, un distribuidor mayorista y un comercio minorista, y reconstruyó la contribución de cada tributo al precio final.
La estimación se basó en la legislación vigente en 2025 a nivel nacional, provincial y municipal. En el caso de los municipios, el análisis incluyó únicamente la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) por ser el tributo local más generalizado sobre ventas netas. No se incorporaron tasas inmobiliarias ni automotoras por la heterogeneidad entre jurisdicciones y empresas.
A nivel provincial, el estudio se centró en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es la principal fuente tributaria de las provincias. No se tomaron en cuenta el impuesto de sellos ni tributos inmobiliarios o automotores, por razones metodológicas vinculadas a la diversidad de regímenes y alícuotas.
En el ámbito nacional, el análisis incluyó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias (conocido como impuesto al cheque). Para Ganancias se usaron promedios sectoriales del impuesto abonado sobre utilidades y se expresaron en función de las ventas. En el caso del impuesto al cheque, el cálculo partió del supuesto de bancarización total de las operaciones, consistente con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Otro componente central fue el régimen previsional y de seguridad social. El IARAF consideró tanto las contribuciones patronales como los aportes personales retenidos por los empleadores y trató la totalidad de esas obligaciones como costo previsional, dado que operan bajo un esquema solidario sin equivalencia directa entre aporte y beneficio individual.
Los escenarios planteados
Con esa metodología, el informe presentó dos escenarios. En el primero, los tres primeros eslabones de la cadena correspondieron a establecimientos de gran tamaño, mientras que el último eslabón —el comercio minorista— funcionó como un negocio pequeño. En el segundo escenario, todos los eslabones operaron como grandes establecimientos, como ocurre en el caso de los hipermercados.
En el escenario con comercio minorista pequeño, la carga tributaria promedio sobre el precio final de un alimento alcanzó el 42%. De ese total, el IVA explicó la mayor parte con una incidencia del 17,4% del precio final; los aportes a la seguridad social representaron 9,4%; Ingresos Brutos, 7,6%; el Impuesto a las Ganancias, 4,4%; el impuesto a los débitos y créditos bancarios, 1,9%; y la TISH, 1,5%.
Al analizar la estructura de la carga en ese escenario, el informe mostró que el IVA concentró el 41,2% del total de impuestos incluidos en el precio final. La seguridad social explicó el 22,2% de la carga, Ingresos Brutos el 18%, el Impuesto a las Ganancias el 10,5%, el impuesto al cheque el 4,5% y la TISH el 3,5% restante. Esto evidencia que la mayor parte del peso impositivo proviene de tributos indirectos y aportes obligatorios distribuidos a lo largo de toda la cadena.
En el escenario de venta en comercios minoristas grandes, como hipermercados, la carga tributaria promedio subió un punto porcentual y llegó al 43%. El IVA mantuvo la misma incidencia sobre el valor final (17,4%) y los aportes a la seguridad social se ubicaron también en 9,4%. Ingresos Brutos aumentó a 7,8% y la TISH a 2,2%; el Impuesto a las Ganancias siguió representando 4,4% y el impuesto a los débitos y créditos se mantuvo en 1,9%.
La estructura de la carga en este segundo escenario mostró un aumento relativo de la participación de Ingresos Brutos y de la TISH respecto al caso de comercios minoristas pequeños. En contraste, el resto de los tributos redujo su participación porcentual dentro del total, aunque sin cambios significativos en su incidencia directa sobre el precio final.
El informe subrayó que la estimación del costo impositivo total se efectuó a partir de estructuras promedio de ingresos y costos construidas con información sectorial. De ese modo, el estudio buscó reflejar el impacto legal de los tributos vigentes, sin incorporar efectos derivados de incumplimientos o regímenes especiales.
En síntesis, el análisis del IARAF mostró cómo se conforma el precio final de un alimento por la acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales junto con aportes previsionales obligatorios. El resultado revela que una porción significativa del monto que paga el consumidor corresponde a obligaciones fiscales que se suman en cada etapa de la cadena productiva y comercial, desde el proveedor de insumos hasta el comercio minorista.
