Hace 193 años una parte del territorio nacional quedó bajo control del Reino Unido. Desde entonces, la Cuestión Malvinas ha sido un eje de la política exterior y de la defensa de Argentina; el reclamo de soberanía se mantiene de forma continuada por casi dos siglos y cuenta con respaldo en el derecho internacional y un consenso que trasciende gobiernos.
En vísperas de un nuevo aniversario de aquella ocupación, el presidente Javier Milei concedió una entrevista al diario británico The Telegraph. En ella manifestó su intención de visitar el Reino Unido para intentar negociar el levantamiento del embargo a la compra de armamento impuesto tras el conflicto del Atlántico Sur y señaló que la devolución del territorio debería acordarse mediante negociación y en función de lo que deseen los habitantes de las islas.
Esas declaraciones implican un cambio respecto de la posición histórica de Argentina sobre la soberanía y no hacen referencia explícita al marco jurídico que respalda la reclamación nacional.
En 1960 la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el principio de libre determinación no puede invocarse cuando está en juego la integridad territorial de un Estado. Ese fue el argumento central esgrimido por Argentina en 1964 ante el Comité Especial de Descolonización para sostener que en Malvinas existe una ocupación extranjera que afecta la integridad territorial del país y que la población presente fue implantada, por lo que no está habilitada a ejercer el derecho de autodeterminación en los términos previstos por el derecho internacional.
En 1965 la Resolución 2065 de la Asamblea General reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instó a ambas partes a negociar una solución pacífica y definitiva, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. La distinción entre “intereses” y “deseos” es relevante aquí, porque la resolución limita la aplicación del principio de autodeterminación en este caso particular.
Afirmar que la integridad territorial argentina debe supeditarse al deseo de los isleños pasa por alto el carácter territorial de la disputa y entra en conflicto con lo establecido por la Constitución Nacional, que fija como objetivo permanente la recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, respetando el modo de vida de sus habitantes y el derecho internacional.
Las declaraciones del presidente se apartan de una tradición diplomática mantenida a lo largo de la historia del país y resultan incompatibles con el mandato constitucional referido a la recuperación de la soberanía.
Este cambio de enfoque respecto a la Cuestión Malvinas se inserta además en una política que muestra un mayor alineamiento con Estados Unidos, lo que, según distintos análisis, podría entrañar riesgos para la proyección argentina en la Antártida, el ejercicio efectivo de la soberanía en el Atlántico Sur y la gestión de recursos renovables y no renovables.
Por último, en la misma entrevista el presidente afirmó que hará todo lo posible por mejorar el comercio entre Gran Bretaña y Argentina. No obstante, la política comercial está vinculada a la política exterior y no debe construirse sobre acuerdos que puedan debilitar la posición del país o afectar sus intereses estratégicos. En materia de política exterior, las palabras y las decisiones tienen consecuencias.
