Tras cerrar el año con la sanción del Presupuesto, el Gobierno inició 2026 en conflicto con el Congreso al dictar un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) durante el receso parlamentario que reforma de forma profunda el sistema de inteligencia y autoriza, entre otras medidas, la aprehensión de personas en casos de flagrancia. La oposición alertó sobre los riesgos y ya se moviliza para intentar anular la norma, mientras que el PRO y la UCR aún no definen su postura.
El decreto, identificado como 941/25 y compuesto por 41 artículos, fue publicado en el Boletín Oficial. Amplía las facultades de la SIDE (Secretaría de Inteligencia) y reorganiza las dependencias bajo su órbita. El Ejecutivo lo presenta como una “reforma de segunda generación”, aunque la medida generó una fuerte controversia pública y política.
Entre las disposiciones más cuestionadas, el artículo primero establece que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto”, una formulación que críticos califican de ambigua y que incrementa la opacidad. Además, el personal de inteligencia queda habilitado para aprehender personas, lo que sus detractores describen como un paso hacia la transformación de la agencia en una “policía secreta”.
El texto permite también que la SIDE recurra a personal militar y de las fuerzas de seguridad para tareas de inteligencia, sin detallar límites sobre el número de efectivos ni la duración de esas colaboraciones. Asimismo, exige a los responsables de todo el Sector Público Nacional la implementación de “medidas de seguridad de contrainteligencia”, lo que, según opositores, sometería a gran parte del Estado a una lógica de vigilancia que consideran peligrosa.
En cuanto a cambios en el organigrama, la Agencia de Seguridad Nacional pasaría a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); se crea un Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) como ente descentralizado bajo la Jefatura de Gabinete; y la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) se reemplaza por la DGIEMCO, que funcionará en el marco del Estado Mayor Conjunto.
El DNU, en manos de la oposición
El DNU rige desde su publicación y permanecerá vigente mientras el Congreso no lo rechace. Comenzaron a correr los plazos: la Jefatura de Gabinete cuenta con 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso, y a partir de ese envío la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dispone de otros 10 días para emitir un dictamen sobre su validez. Si la comisión no se pronuncia, diputados o senadores pueden llevar el tema a sus recintos. Para anular el DNU se requiere el voto negativo en ambas Cámaras.
Diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y la diputada Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) se manifestaron en contra y piden que la reforma se tramite como ley en el Parlamento. Ese bloque opositor suma en conjunto 120 diputados en la Cámara baja, a nueve votos de lograr la mayoría necesaria para rechazar el decreto en esa instancia.
El PRO y la UCR aún no definieron un posicionamiento. El bloque vinculado a Mauricio Macri informó que un “equipo especializado” está analizando el DNU, señaló que la Ley de Inteligencia ya fue modificada por DNU en el pasado y adelantó que esperará la publicación de los protocolos de aplicación y normativa complementaria antes de fijar postura.
Los diputados del espacio dirigido por Cristian Ritondo afirmaron que, por tratarse de una temática central para la seguridad y la defensa, adoptarán una actitud de “responsabilidad institucional”: prudencia y espera de los protocolos y normativas que emita el Poder Ejecutivo para definir una posición definitiva.
Desde la oposición más crítica, el diputado Agustín Rossi —ex interventor de la ex Agencia Federal de Inteligencia— sostuvo que la reforma “transforma a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’, habilitando la aprehensión de personas sin orden judicial” y advirtió que la SIDE podría convertirse en una fuerza parapolicial.
En Twitter, Agustín Rossi afirmó que el DNU 941/2025 resulta perjudicial para los ciudadanos y compartió un análisis con los ejes centrales del decreto. pic.twitter.com/OnKDCCVxL8
Rossi también cuestionó la ambigüedad del concepto de “carácter encubierto” aplicado a todas las actividades de inteligencia y alertó sobre la posibilidad de que la SIDE requiera colaboración ilimitada de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Natalia De la Sota calificó el DNU como “un exabrupto legal” que, a su juicio, debe ser eliminado por el Congreso. Afirmó que la reforma atenta contra las libertades individuales y crea mecanismos de persecución con medidas de contrainteligencia en ámbitos como universidades, organismos de seguridad social e incluso hospitales públicos.
Defendamos Córdoba consideró que el DNU modifica la Ley de Inteligencia Nacional sin debate, perjudica las libertades y es de dudosa legalidad; por ello exigió su tratamiento en el Congreso.
El interbloque Unidos (integrado por Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) sostuvo que no existe “necesidad ni urgencia” para abordar un tema tan sensible fuera del Congreso y reclamó que cualquier reforma del sistema de inteligencia se discuta en el Parlamento, con transparencia y a la vista de la sociedad.
Unidos y Unión por la Patria solicitaron por nota al presidente de Diputados, Martín Menem, y a la titular del Senado, Victoria Villarruel, la inmediata constitución de las dos bicamerales que deben intervenir: la de Trámite Legislativo —que controla la validez de los DNU— y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Hasta el 10 de diciembre, la primera había estado presidida por el diputado Oscar Zago (MID) y la otra por el exsenador y ahora diputado radical Martín Lousteau.
El interbloque Unidos advirtió que el decreto introduce cambios de gran impacto al declarar que todas las actividades de inteligencia tienen “carácter encubierto”, lo que ampliaría la opacidad en un ámbito que la ley original había sujeto a límites y control parlamentario estrictos. También criticó la extensión de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional y la habilitación para que personal de inteligencia aprehenda personas en casos de flagrancia, una atribución que tradicionalmente corresponde a las fuerzas de seguridad.
El interbloque Unidos publicó un comunicado crítico sobre el DNU y sus efectos en la ley de inteligencia. pic.twitter.com/sBJSOIMzhu
Desde el Senado, la senadora Alejandra Vigo subrayó que una modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser debatida en el Congreso y no imponerse por decreto.
El tema de la inteligencia ya había mostrado su sensibilidad en el Parlamento: en 2024 la oposición logró anular un DNU de Javier Milei que elevaba a $100.000 millones el presupuesto reservado de la SIDE, el primer decreto de necesidad y urgencia que fue revocado en la historia reciente.
La defensa de la SIDE
En un comunicado, la SIDE defendió la reforma argumentando que los desafíos globales actuales y el posicionamiento internacional de la Argentina requieren un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con estándares democráticos y republicanos.
Según el organismo, el objetivo central de la reforma es precisar la estructura y las competencias del sistema de inteligencia, adaptarlas a las amenazas del siglo XXI y promover un proceso de racionalización y reducción de la estructura.
— Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) January 2, 2026
