En los últimos meses se investigó una red de operaciones con dólares que involucró a bancos, casas de cambio y personas vinculadas al fútbol argentino, y que pasó a ser central en causas judiciales y revisiones financieras.
Investigaciones federales y sumarios internos del Banco Central (BCRA) identificaron maniobras que, según los investigadores, afectaron la disponibilidad de divisas y la transparencia del sistema bancario.
Entre 2022 y 2023 se difundió la operatoria conocida como “La Escalerita” durante el cepo cambiario: un circuito de fondeo y venta de dólares que partía en bancos comerciales, pasaba por casas de cambio y terminó perdiendo trazabilidad.
El esquema comenzó con transferencias desde bancos hacia casas de cambio —entre ellas Megalatina y Gallo— continuó con movimientos entre distintas entidades y culminó con la imposibilidad de seguir el rastro de los fondos.
En los últimos eslabones del circuito, las casas de cambio dejaron de informar el destino de los recursos, adulteraron registros o no reportaron movimientos, según las indagaciones.
La operatoria se benefició de controles débiles y de una normativa permisiva: durante el cepo las casas de cambio podían comprar dólares a los bancos para venta minorista aunque el límite al público era bajo (USD 100 en efectivo y USD 200 con banca), mientras que no había tope claro para compras mayoristas.
Fuentes judiciales señalan que el BCRA fijó finalmente, el 30 de noviembre de 2023, un límite según el cual una casa de cambio no podía comprar más dólares que los vendidos al público minorista el mes anterior, pero la mayor parte de “La Escalerita” ya se había ejecutado.
Los sumarios y la causa penal estiman que el 84% de los fondos involucrados —entre USD 1.400 y 1.500 millones— perdió todo rastro dentro del sistema formal; el resto podría corresponder a operaciones legítimas, aunque no hay certezas sobre el porcentaje exacto.
La investigación judicial derivó en al menos 60 allanamientos en bancos, financieras y casas de cambio en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca. Tres jueces federales —María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello— intervienen en expedientes que indagan la compra de dólares oficiales que luego habrían ido al mercado paralelo, generando diferencias millonarias.
Los sumarios y la causa en curso coinciden en que la mayor parte de los fondos analizados dejó de ser localizable, en un volumen que las fuentes sitúan en torno a USD 1.400–1.500 millones, lo que constituye el núcleo del problema investigado.
La causa principal, a cargo de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli, nació de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) basada en reportes del BCRA. Se investiga la compra de aproximadamente USD 1.500 millones entre enero y octubre de 2023, en pleno año electoral. En el expediente aparecen el nombre de Ariel Vallejo y la firma Sur Finanzas, con supuestos vínculos hacia la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia; uno de los allanamientos incluyó la vivienda de la madre de Vallejo en Banfield.
Fuentes del caso describen una mecánica por la cual bancos pequeños abrían decenas de cuentas para casas de cambio en poco tiempo, elevando el volumen de operaciones; muchas de esas casas carecían de requisitos de capital y de directorios formales.
Entre 2021 y 2023 el BCRA clausuró cerca de 60 casas de cambio por incumplimientos regulatorios, casi siempre por ocultar el destino de los fondos. La combinación de falta de control interno y desregulación permitió el crecimiento exponencial del circuito.
Según análisis preliminares citados en la causa, en cinco casas de cambio cinco personas, cada una en representación de una entidad distinta, retiraron en efectivo casi USD 475 millones entre enero y agosto de 2023. El financista Elías Piccirillo, hoy bajo prisión domiciliaria, habría vendido más de USD 251 millones a entidades que no justificaron el origen de los fondos. Las operaciones se concentraron en 2023, con un ritmo medio diario superior a USD 700.000.
En sus dictámenes el BCRA calificó la operatoria como una “modalidad abusiva” y explicó que las divisas adquiridas a valor oficial perdieron trazabilidad al ser mayoritariamente retiradas en efectivo. El organismo advirtió indicios de un mecanismo destinado a comprar dólares oficiales para abastecer después al mercado paralelo.
El BCRA sostuvo además que, bajo la aparente normalidad de las operaciones, se habría implementado un mecanismo con la finalidad de adquirir divisas a valores oficiales y desviarlas al circuito informal mediante retiros en efectivo y falta de reportes.
Paralelamente, el BCRA inició sumarios contra casas de cambio y bancos por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. Las sanciones administrativas pueden alcanzar hasta diez veces el monto involucrado, aunque su aplicación depende del criterio judicial. Investigadores destacan que parte de las ganancias provinieron de la brecha entre el dólar oficial y el blue; en los círculos financieros la operación se conocía como “la escalerita” porque el fondeo escalaba entre entidades hasta perderse el rastro.
El expediente que involucra a la AFA y a Claudio “Chiqui” Tapia forma parte de ese entramado. El BCRA abrió un sumario formal contra la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente y los tesoreros Alejandro Nadur y Pablo Toviggino por presuntas infracciones. El expediente, firmado el 30 de diciembre y aún sin notificar a la AFA en ese momento, abarca cinco conjuntos de operaciones entre 2020 y 2023 por USD 131 millones y EUR 94 millones, y se centra en ingresos y liquidaciones irregulares de divisas provenientes de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias de FIFA y Conmebol.
La maniobra identificada consistiría en modificar el concepto declarado de ingreso —de “otros servicios personales, culturales y recreativos” a “otras transferencias corrientes”— para presentar ciertos fondos como donaciones y eludir la obligación de liquidarlos en el mercado oficial. Entre los remitentes mencionados figuran Adidas, Fox, Imagen Satelital, INSA y Argentina Football Distribution. El contrato con Adidas, por EUR 260 millones hasta 2030, aparece con casi EUR 95 millones sin liquidar desde 2020; también se mencionan montos de Fox y Argentina Football Distribution por más de USD 45 millones y USD 78 millones, respectivamente.
Según la investigación, la AFA habría podido declarar determinados ingresos como donaciones y, de ese modo, evitar la liquidación obligatoria de divisas en el mercado oficial, amparándose en la interpretación regulatoria aplicable a donaciones.
El expediente incluye montos que ingresaron pero no fueron liquidados y otros que no ingresaron al mercado único de cambios. Se detallan transferencias de FIFA por USD 498.000 pendientes de liquidación y USD 6,2 millones pendientes de ingreso y liquidación, junto con movimientos de Conmebol por USD 8,6 millones y USD 5,9 millones en las dos categorías. La defensa de la AFA apela a la figura de la donación, que según la normativa podría eximirla de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial.
El BCRA otorgó varias prórrogas a la AFA para responder el sumario, con la última fecha fijada para el 1 de septiembre de 2025. El expediente cubre operaciones hasta el Mundial de Qatar y fuentes del caso estiman que los movimientos posteriores se canalizaron a cuentas en el exterior. Es la primera vez que la autoridad monetaria instruye un sumario formal contra la AFA por estas cuestiones.
