Ex presidentes iberoamericanos agrupados en el Grupo IDEA pidieron el cese de la represión en Venezuela como condición indispensable para cualquier transición democrática y afirmaron que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado representan la “voluntad popular” y la conducción legítima del proceso.
En un documento divulgado desde Miami, los ex mandatarios sostuvieron que “un proceso de transición hacia la democracia sólo será viable y real si cesa la represión” y reclamaron la “liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares” que siguen detenidos en el país.
El pronunciamiento reúne a más de 30 ex gobernantes de América Latina y España, entre ellos José María Aznar, Álvaro Uribe, Mariano Rajoy, Felipe Calderón, Mauricio Macri e Iván Duque. Es la primera declaración colectiva del grupo tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela el pasado sábado.
Los firmantes manifestaron su expectativa de “un verdadero cambio que le restituya su dignidad y el goce pleno del bien de la libertad” a los venezolanos y reivindicaron la “voluntad popular” que, según sostienen, habría otorgado un mandato democrático a González Urrutia y a Machado para encabezar la transición.
El texto evita mencionar de forma explícita al Gobierno de Donald Trump. Se limita a describir la “extracción de Nicolás Maduro Moros” y su sometimiento a la justicia federal estadounidense por causas vinculadas al narcotráfico, sin atribuir responsabilidades políticas ni detallar el papel de Washington en los hechos posteriores.
Ese énfasis contrasta con la posición pública de la Casa Blanca. Trump no ha mencionado a González Urrutia y ha puesto en duda la capacidad de Machado para liderar el país, al afirmar que carece de apoyo y de respeto suficientes dentro de Venezuela, pese a que Estados Unidos consideró a González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024.
En paralelo al pronunciamiento del Grupo IDEA, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, anunció la “liberación” de “un número importante de personas”, entre venezolanos y extranjeros. No precisó cifras ni condiciones y presentó la medida como un “gesto unilateral” orientado a “consolidar la paz”.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el alcance real del anuncio. La ONG Foro Penal cifra en 863 los presos políticos en el país, incluidos 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad. Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón advirtió esta semana sobre un “patrón de endurecimiento” de las condiciones de detención.
El debate sobre los presos políticos se da en un contexto de alta tensión institucional. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el control del aparato estatal y la definición de una hoja de ruta para el periodo de transición se convirtieron en el eje de una disputa que combina presiones externas, negociaciones opacas y señales contradictorias desde Caracas. Para el Grupo IDEA, la restauración de garantías mínimas antes de cualquier negociación es clave: sin el levantamiento de la represión no habrá condiciones para una transición “real” ni para que el liderazgo opositor ejerza el mandato que dice haber recibido en las urnas.
