NetBlocks informó que Irán permanece bajo un estricto corte de Internet que supera las doce horas, reduciendo la conectividad a aproximadamente el uno por ciento de los niveles habituales. Esta interrupción afecta tanto a la salida de información del país como a la capacidad de la población para coordinarse, y, según la organización, responde al intento de las autoridades de dificultar las comunicaciones en un momento crítico y de entorpecer la difusión de datos sobre las medidas empleadas para contener las protestas.
Las manifestaciones, que se registran en diversas ciudades iraníes, se originaron principalmente por el deterioro de la situación económica: pérdida de poder adquisitivo y una devaluación histórica del rial. Organismos civiles y medios internacionales citados por NetBlocks vinculan este contexto a la presión de las sanciones estadounidenses y al mayor escrutinio sobre el programa nuclear, en un clima de tensión que incluyó, según las fuentes, una serie de bombardeos en junio con más de 1.100 víctimas mortales.
NetBlocks señaló que el corte de Internet se decidió después de que Reza Pahlevi, hijo del último sah depuesto en 1979, convocara a la población a manifestarse a través de redes sociales. En su mensaje criticó la interrupción de las comunicaciones y pidió una acción internacional decidida, instando a los líderes europeos a usar capacidades técnicas, financieras y diplomáticas para restablecer la conectividad. También agradeció al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo y urgió a otros mandatarios occidentales a pronunciarse.
Según medios y organizaciones civiles, las protestas, que ya llevan más de una semana, habrían dejado al menos 30 personas muertas y más de 2.000 arrestos de forma provisional. Las restricciones a Internet han dificultado la obtención de datos precisos y actualizados sobre la magnitud de las movilizaciones y el número exacto de víctimas y detenidos. Aun con esas limitaciones, NetBlocks y agrupaciones de derechos civiles advierten que la represión está costando vidas y restringiendo los canales de denuncia.
La postura de Reza Pahlevi, quien vive en el exilio desde la caída de su padre hace más de cuatro décadas, genera dudas dentro del país sobre su capacidad para liderar un movimiento popular. En su comunicado más reciente advirtió al ayatolá Alí Jamenei que “el mundo y el presidente de Estados Unidos vigilan de cerca” lo que ocurre en Irán y sostuvo que “la represión contra la población no quedará sin respuesta”. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a actuar “como un frente unido” y subrayó la importancia de mantener abiertas las vías de comunicación.
El presidente Masud Pezeshkian instruyó a las fuerzas de seguridad a no usar la fuerza contra manifestantes pacíficos, indicando que se deberán aplicar medidas diferenciadas ante quienes participen en disturbios. Según declaraciones del vicepresidente Mohamad Yafar Gaempaná recogidas por medios internacionales y reproducidas por NetBlocks, el Gobierno reconoce la legitimidad de las quejas por la subida de precios y la depreciación del rial, pero critica a quienes considera responsables de generar escasez especulativa o de provocar aumentos injustificados en los precios.
El Ministerio de Exteriores, a través de su portavoz Esmaeil Baqaei, acusó a Israel y a funcionarios estadounidenses de alentar la violencia y fomentar la polarización social. NetBlocks consignó que este tipo de señalamientos han sido recurrentes en los discursos de Teherán, donde se subraya la supuesta injerencia extranjera en los asuntos internos; Baqaei describió las acciones atribuidas a Israel y a ciertos actores estadounidenses como intentos de dividir a la sociedad iraní.
Ante el aumento de víctimas señalado por organizaciones civiles y la creciente dificultad para acceder a información verificada, organismos internacionales siguen atentos a la evolución de los hechos en Irán. La respuesta oficial combina el reconocimiento de algunas demandas ciudadanas con la justificación de medidas represivas en nombre de la seguridad nacional. Según los informes citados por NetBlocks y otras entidades, la restauración de la conectividad plena sigue siendo una reivindicación prioritaria para opositores y activistas, mientras se reaviva el debate sobre derechos humanos y libertades civiles en el país.
