Trabajadoras y trabajadores de Lustramax realizaron este miércoles un nuevo corte en la autopista Panamericana para reclamar por despidos que consideran ilegales y por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
La protesta se desarrolló a pocas cuadras de la planta situada en Estados Unidos 4545, en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. El conflicto comenzó tras la decisión de la empresa de despedir a 15 personas, entre ellas delegados y activistas gremiales. En respuesta, los trabajadores iniciaron un paro total y se mantienen en asamblea permanente.
Desde el sindicato denunciaron que la situación se agravó en los últimos días por episodios de persecución sindical y por la presencia de efectivos de la Policía Bonaerense y de la DDI durante las medidas de fuerza dentro de la planta, hechos que los representantes de los trabajadores interpretan como intimidación.
El martes al mediodía se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde se constató la presunta ilegalidad de los despidos y se dictó la conciliación obligatoria. La medida ordenó retrotraer la situación al viernes 9 de enero y disponer la reincorporación de las personas despedidas a partir de esa misma tarde.
La resolución oficial establece la conciliación obligatoria en el conflicto entre el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín y Lustramax S.R.L., con vigencia hasta el 3 de febrero de 2026 inclusive.
Horas después de la audiencia, la empresa presentó un escrito ante el organismo laboral en el que informó que no acatará la resolución. En ese documento, Lustramax comunicó que, pese a estar notificada de la conciliación obligatoria, no otorgará tareas a los trabajadores despedidos.
El miércoles por la mañana la empresa impidió el ingreso a la planta de los empleados que debían ser reincorporados, en contradicción con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo provincial.
El conflicto sigue escalando y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, gremiales y familiares de los trabajadores, que exigen el cumplimiento de la ley, la reincorporación inmediata de los despedidos y el cese de las prácticas antisindicales denunciadas.
