El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles la “emergencia energética y social” en todo el territorio nacional, en respuesta a una crisis económica caracterizada por una inflación acumulada del 20,40% en lo que va de 2025, la escasez de dólares y el desabastecimiento de combustibles.
La medida se formalizó mediante el Decreto Supremo 5517, que dispone acciones excepcionales para garantizar el abastecimiento de combustibles y energía, reactivar la producción y contribuir a la recuperación de la economía nacional, según el texto oficial.
Entre las medidas principales, el decreto autoriza de forma excepcional a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a precios de importación o al ingreso a terminales de almacenamiento. Los operadores deberán contar con capacidad de almacenaje propia o alquilada y operar bajo un régimen de acceso no discriminatorio.
Ante la “extrema situación de déficit en el abastecimiento”, la norma también excluye al diésel de la lista de sustancias controladas, con el objetivo de asegurar un suministro continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos. El Gobierno aclaró que las medidas tienen carácter “excepcional, temporal e inmediato”.
La declaratoria de emergencia se produjo un día después de que el Ejecutivo y sindicatos de obreros y campesinos dieran por superado el conflicto social derivado del retiro de la subvención a los combustibles. Ese acuerdo quedó reflejado en el Decreto Supremo 5516, que ratificó la eliminación del subsidio y dejó sin efecto otras disposiciones previamente cuestionadas.
El decreto incorporó los consensos alcanzados con la Central Obrera Boliviana (COB) y permitió el cese de protestas y el levantamiento de bloqueos de carreteras que se habían iniciado en rechazo al Decreto 5503, aprobado en diciembre.
La normativa cuestionada había fijado nuevos precios para los carburantes: 6,96 bolivianos (1 dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) por litro de gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) por litro de diésel, lo que implicó incrementos de hasta 86% y 162% respecto de los valores subvencionados que rigieron por más de dos décadas. Según la nueva regulación, esos precios se mantendrán vigentes.
Los sindicatos también habían expresado su rechazo al Decreto 5503 al considerar que habilitaba la eventual venta de recursos naturales y empresas estatales a capitales extranjeros, una interpretación que el Gobierno negó.
La efectividad de las medidas y su impacto en el abastecimiento de combustibles y en la situación económica general dependerán de su implementación en las próximas semanas, en un contexto marcado por la escasez de divisas y la presión inflacionaria.
(Con información de EFE)
