El régimen iraní difundió este viernes su propio balance de víctimas por las protestas que comenzaron a finales de diciembre, en un intento por fijar su versión sobre una represión que ha recibido críticas internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que 3.117 personas murieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 calificadas por las autoridades como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Del total de fallecidos, según Araqchi, 2.427 correspondían a “civiles y agentes de seguridad”.
El diplomático no detalló los criterios empleados para clasificar a 600 de los muertos como “terroristas” ni aportó pruebas independientes que respalden esa cifra.
Se trata del primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas de comunicados fragmentarios.
El anuncio siguió a una cifra similar difundida por la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal encargado de asistir a familiares de fallecidos en conflictos.
Para observadores internacionales, el recurso a una entidad vinculada tradicionalmente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que han señalado hasta 5.000 muertos y decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y arrestos masivos sin garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios daños extensos en infraestructura pública, afirmando que los “ataques terroristas” causaron perjuicios en más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a finales de diciembre en un contexto de crisis económica marcada por el desplome del rial y una alta inflación que afecta a amplios sectores de la población. En los días siguientes, las manifestaciones se multiplicaron en Teherán y otras ciudades, con reclamos centrados en la situación económica y en la gestión política. Las fuerzas de seguridad respondieron con rapidez y contundencia.
El gobierno iraní ha responsabilizado a actores extranjeros y a opositores en el exilio de haber fomentado la violencia para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se vio reforzada tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de volver a atacar a Irán si seguía la represión.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y exige el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto reclama también la celebración de juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales, y pide evitar la imposición de la pena de muerte por delitos que no sean los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Turk en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
