Una gerenta del banco Coinag, entidad donde la sociedad Real Central tenía una cuenta —vinculada a Luciano Pantano y a su madre, señalados como presuntos testaferros de autoridades de la AFA— declaró este miércoles que los saldos en esa cuenta eran escasos y afirmó que resultaba imposible que los pagos por la compra de vehículos de alta gama, secuestrados en un galpón de una mansión en Pilar, hubieran salido de ese banco.
La testigo viajó desde Rosario para prestar declaración ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky. Entre otros puntos, se la consultó por la compra de un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos, monto que figuraba en una certificación contable que atribuía el origen lícito de los fondos a la cuenta de Real Central en Coinag.
Según fuentes judiciales, la gerenta señaló que en la fecha de la compra los fondos en la cuenta eran “mínimos” y que la certificación que indicaba esa procedencia resultaba “imposible”.
Además, al analizar los movimientos generales de la cuenta, la testigo concluyó que en ese banco no pudo haber estado el dinero utilizado para adquirir los vehículos.
Desde la propia entidad informaron a la Justicia que los registros de movimientos “claramente establecieron que nunca estuvo ese dinero con que compraron los vehículos”. El banco subrayó que no participa en operaciones irregulares y que su operatoria se ajusta a las normativas del BCRA.
La ruta de los autos
La investigación busca determinar cómo se abonaron los 54 autos y motos de alta gama secuestrados en el galpón de la casaquinta de Villa Rosa, Pilar, propiedad de la sociedad vinculada a Pantano y su madre, Ana Conte.
El lote está secuestrado por orden judicial y fue valuado por peritos oficiales en 3.861.100 dólares. Se comprobó que los peajes automáticos (TelePASE) se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, tarjeta que fue dada de baja por orden judicial.
Al juzgado le llamó la atención la discrepancia entre la certificación contable y los saldos de la cuenta en la fecha de la compra del Porsche; la testigo ratificó que los fondos empleados no podían haber provenido del banco y que los depósitos de Real Central no eran significativos.
La declaración integró una serie de citaciones dispuestas por el juez Aguinsky en el marco del rastreo del dinero de las maniobras que, según la causa, podrían configurar lavado de activos vinculado a la compra de la quinta, los vehículos y otras propiedades.
Para el próximo viernes el juzgado convocó a un “broker” que gestionaba las pólizas de todos los vehículos —las cuales se pagaban en efectivo— para determinar quién las abonó y seguir el origen de esos fondos.
Ese mismo día se espera también la declaración de dos pilotos de helicóptero que aterrizaron reiteradas veces en el helipuerto de la quinta de Villa Rosa, una propiedad valuada en 17 millones de dólares que figura a nombre de Real Central.
A la espera de una definición
En paralelo, la Cámara Federal de San Martín intervino para resolver qué juez continuará con la investigación: el Tribunal de Apelaciones solicitó al fiscal Alberto Gentilli que emita un dictamen sobre si el caso debe seguir en la órbita del juez Aguinsky o trasladarse al distrito de Campana, al juzgado federal de Adrián González Charvay, como pidió la defensa de Pantano dado que las propiedades investigadas están en esa jurisdicción.
El magistrado de Campana aceptó el planteo de la defensa y reclamó la inhibición de Aguinsky; ante la negativa, el conflicto quedó pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones. La fiscalía recibió el expediente y tiene tres días para dictaminar.
Fuentes judiciales indicaron que se aguarda esa definición antes de avanzar con nuevas medidas, entre ellas la citación de empleados de la quinta.
También quedó postergada la notificación a Pantano y a su madre para informarles la existencia de la causa y ofrecerles la posibilidad de presentar un descargo. Esa citación estaba prevista para diciembre pasado, pero la defensa logró suspenderla solicitando la recusación de Aguinsky.
Los investigados
Luciano Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y, al momento de la denuncia, tenía una deuda bancaria superior a 2.000.000 de pesos.
Su madre, Ana Conte, es jubilada y trabaja de forma autónoma; durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Desde 2021 Pantano era titular del 50% de la sociedad Central Parks Drinks S.R.L., una empresa de baja actividad con un capital inicial de 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la sociedad fue renombrada como Real Central S.R.L. y su capital aumentó a 58.000.000 de pesos.
Tras esa reestructuración, Pantano transfirió su 50% a su madre y, dos semanas después, la empresa adquirió el predio de 105.000 metros cuadrados donde se encuentra la mansión. A simple vista, la compra y los ingresos declarados de Pantano y Conte resultan incompatibles.
Ante este panorama, la Coalición Cívica denunció la posible utilización de la sociedad como “pantalla” para bienes de terceros, sugiriendo la comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación del origen de bienes de alto valor.
El fiscal en lo penal económico, Claudio Navas Rial, debe resolver si amplía el objeto procesal de la causa con base en una nueva denuncia de la Coalición Cívica vinculada al capítulo internacional de la investigación.
En ese marco, el juez Aguinsky citó como testigo para el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció presuntas irregularidades en la contratación de intermediarios para contratos de la AFA en el exterior.
