En los últimos años se ha ido consolidando la idea de que Argentina necesita reformas estructurales profundas para superar décadas de estancamiento y encaminarse hacia un crecimiento sostenido. En ese proceso, una reforma del sistema tributario que reduzca la carga impositiva, fomente la producción, limite la evasión y mejore la transparencia es fundamental.
Sin embargo, no es posible construir un sistema fiscal más equitativo y eficiente sin abordar una cuestión central: el criterio con el que se distribuyen los recursos entre la Nación y las provincias.
El debate sobre la Coparticipación Federal quedó postergado durante treinta años. El régimen vigente está basado en normas transitorias de finales de los años 80, con reglas fijas y desactualizadas que no consideran variables como el crecimiento poblacional, la aparición de nuevas jurisdicciones ni las particularidades de cada provincia. Lo que debía ser temporal se volvió permanente sin una revisión integral.
Una reforma impositiva bien diseñada debe reducir la presión fiscal, estimular la producción, disminuir la evasión y aumentar la transparencia en la gestión de los recursos.
La Constitución de 1994 estableció el mandato de crear un nuevo régimen de coparticipación acordado entre la Nación y las provincias antes de 1996, pero ese compromiso no se cumplió. En lugar de ello se firmaron pactos fiscales que en muchos casos no se respetaron, generando litigios entre niveles de gobierno y creando inseguridad jurídica.
No avanzar en esta materia durante tanto tiempo se explicó, en parte, por la necesidad de conseguir mayorías calificadas en el Congreso y la adhesión de todas las provincias, lo que provoca tensiones políticas permanentes: cada jurisdicción defiende sus recursos. Cualquier modificación impacta directamente en el financiamiento subnacional, por lo que el sistema resultó resistente al cambio.
Un ejemplo reciente es la discusión sobre la reforma laboral, en la que varios gobernadores advirtieron que el capítulo impositivo implicaría una caída significativa de los fondos coparticipables que reciben.
El sistema vigente tiene efectos concretos en la actividad económica. Al depender de transferencias inciertas o discrecionales, muchas provincias recurren a impuestos propios distorsivos —como Ingresos Brutos, sellos o tributos municipales disfrazados de tasas— que encarecen la producción y penalizan la formalidad.
El resultado es un entramado impositivo superpuesto, costoso e imprevisible que desalienta la inversión a largo plazo y empuja a empresas y personas hacia la informalidad o a reducir su escala. Los gobiernos, en sus tres niveles, administran fondos de los ciudadanos y por eso deben actuar con previsibilidad, responsabilidad y reglas claras. Mientras tanto, la incapacidad del sector público para cumplir el mandato constitucional deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad.
Cualquier modificación del sistema incide de manera directa en el financiamiento de los gobiernos provinciales y municipales, por lo que cualquier propuesta requiere diálogo y acuerdos sostenibles.
La coyuntura actual de Argentina ofrece una oportunidad para avanzar. Un escenario político y económico más estable y expectativas de crecimiento para 2026 abren una ventana para acordar cambios de fondo. Al mismo tiempo que se discuten reformas laborales, ajustes tributarios y medidas para elevar la competitividad, es necesario disponer de un marco fiscal federal que ordene estas discusiones.
Esta urgencia quedó reflejada en el Pacto de Mayo, firmado por el Gobierno y 18 gobernadores en julio de 2024, que propuso rediscutir la coparticipación federal para poner fin al modelo actual que, según el documento, resulta extorsivo para las provincias. Corresponde ahora a quienes firmaron ese pacto sentarse a negociar e implementarlo; los acuerdos útiles son los que se cumplen.
Una nueva ley de coparticipación debe ser la base de un esquema de coordinación tributaria entre Nación y provincias que vincule responsabilidades de gasto con capacidades reales de recaudación, que premie el crecimiento y la formalización, que fomente instituciones sólidas y que establezca reglas estables y previsibles, con la prioridad constitucional de promover un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el país.
Además de redistribuir recursos, el objetivo debe ser reducir litigios, ofrecer seguridad jurídica y permitir que cada jurisdicción planifique con horizonte de mediano y largo plazo.
Cerrar este debate postergado durante treinta años no será sencillo, pero su dilación tiene costos crecientes para la sociedad: un sistema tributario desordenado y un sector privado atrapado en la incertidumbre. Si Argentina aspira a un crecimiento sostenido, la discusión sobre la coparticipación no puede seguir relegada.
