La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez (25), ocurrido en Manantial Sur, avanza con un conjunto de indicios que, según fuentes judiciales citadas por TN, vinculan a Felipe Sosa (51), exmilitar y propietario de una empresa de seguridad privada; Sosa fue detenido en Pilar y trasladado al penal de Benjamín Paz.
Uno de los hallazgos relevantes proviene del allanamiento a una vivienda alquilada por el imputado en Yerba Buena, donde se secuestraron cinta adhesiva negra, sogas del mismo color, una soga elástica y un “elemento filamentoso oscuro” que los investigadores consideran útiles para reconstruir la forma en que se descartó el cuerpo.
El expediente también incorpora elementos que perfilan capacidades operativas: un chaleco balístico (antitumulto), una pistolera y 125 cartuchos calibre 12. En la investigación, la importancia de estos objetos está en su posible relación con las rutinas, desplazamientos y aptitudes del acusado, más que en su valor simbólico.
A la evidencia material se suma una línea financiera: un ticket bancario registra una extracción de $8 millones el 8 de enero, la misma jornada en que se conoció el hallazgo del cuerpo; la hipótesis es que esos fondos habrían facilitado la fuga hacia Buenos Aires en una moto de alta gama.
Los pesquisas además cruzan datos de rastreo y movimientos: señalan un vínculo previo entre la víctima y el imputado, registros de ubicación del celular en zonas cercanas a domicilios ligados a Sosa y viajes en autos de aplicación hacia esa área. En la cronología recabada, la última comunicación de Érika se ubica en la madrugada del 7 de enero y el hallazgo del cuerpo al día siguiente.
En paralelo, la querella realizó declaraciones públicas sobre el carácter del acusado, que deben interpretarse como parte de la estrategia de acusación, mientras la causa entra en una etapa decisiva: convertir cada indicio en prueba rigurosa, periciada y debatida en audiencia, bajo control judicial y con garantías para todas las partes.
