Durante más de veinte años, el nombre del tesorero estatal de Pensilvania Robert “Budd” Dwyer estuvo asociado en la memoria pública con la idea de un funcionario corrupto que, ante una condena inminente, se suicidó en vivo frente a las cámaras. En octubre de 2010, el documental Honest Man: The Life of R. Budd Dwyer, dirigido por James Dirschberger, cambió notablemente esa percepción: en una entrevista para la película, el abogado William T. Smith —uno de los testigos que había declarado contra Dwyer— admitió haber mentido bajo juramento en el juicio de 1986 y reconoció sentirse responsable de su muerte. Esa confesión ayudó a matizar la imagen de un hombre acusado injustamente, pero no borró la escena de su suicidio que cientos de miles de personas vieron en directo y millones más en las repeticiones de los noticieros.
El jueves 22 de enero de 1987 una fuerte tormenta de nieve afectó gran parte de Pensilvania. Escuelas y universidades suspendieron las clases y, salvo el personal esencial, la población permaneció en sus casas; por ello muchas familias estaban frente a la televisión.
Aparte de las noticias sobre la tormenta, la otra cobertura del día fue la rueda de prensa convocada por Dwyer en Harrisburg, ante la inminente lectura de la sentencia en el proceso por corrupción. Se le acusaba de haber recibido sobornos de la empresa contratada para calcular y devolver impuestos cobrados en exceso. Dwyer, de 47 años, casado y con dos hijos pequeños, proclamaba públicamente su inocencia y había rechazado una oferta de la fiscalía para recibir una pena menor a cambio de declararse culpable.
La conferencia transcurría con aparente normalidad y los periodistas esperaban que anunciara su renuncia. Dwyer leyó un texto preparado; de pronto lo interrumpió y, mirando al frente, afirmó que no renunciaría: “He dicho repetidamente que no voy a renunciar como Tesorero del Estado. Tras muchas horas de reflexión… he tomado una decisión que no debería servir de ejemplo a nadie… Voy a morir en el cargo… Por favor, compartan mi historia… Adiós a todos a la cuenta de tres. Por favor, asegúrese de que el sacrificio de mi vida no sea en vano”, dijo.
Acto seguido entregó tres sobres blancos a colaboradores y, de un sobre más grande, extrajo un revólver Magnum .357 que apuntó hacia el techo. Las cámaras lo seguían; se escuchó un murmullo en la sala.
—Por favor, abandonen la sala si esto los agravia —dijo Dwyer, con el arma aún apuntando al techo.
—¡Budd, Budd! —se oyó entre los presentes.
—Retrocedan, o esta cosa lastimará a alguien —advirtió Dwyer.
Esas fueron las últimas palabras antes de introducir el cañón del arma en su boca y apretar el gatillo. Murió en el acto.
Acusado de corrupción
Antes de las acusaciones, Robert “Budd” Dwyer mantenía la imagen de un funcionario íntegro con una carrera política en Pensilvania. Nacido en Saint Charles, Misuri, había servido en la Cámara de Representantes estatal, cumplido tres mandatos como senador y, desde 1980, ejercía como Tesorero del Estado. Durante su administración se detectaron errores en el cálculo de las retenciones a empleados estatales que, a lo largo de los años, resultaron en pagos excesivos y en una recaudación indebida estatal de más de cien millones de dólares.
Para resolver el problema se convocó una licitación para contratar a una firma que calculase y reembolsara a los trabajadores las sumas cobradas demás. Ganó la empresa californiana Computer Technology Associates (CTA), propiedad de John Torquato Jr., por un contrato valuado en 4,6 millones de dólares.
El proceso parecía normal hasta que el entonces gobernador Dick Thornburgh recibió una carta anónima que denunciaba el pago de sobornos por parte de CTA para obtener la adjudicación. La fiscalía llevó a juicio a Torquato, a su abogado William T. Smith y a la esposa de éste por presuntos sobornos. Para identificar a los funcionarios sobornados, los fiscales ofrecieron a los acusados reducciones de pena si colaboraban. Torquato y los otros dos declararon que habían pagado 300.000 dólares a Budd Dwyer para influir en la adjudicación.
Con esas declaraciones, en 1986 Dwyer fue formalmente acusado de recibir sobornos, fraude fiscal, asociación ilícita y pertenencia a una organización criminal. La fiscalía, convencida de su culpabilidad, le ofreció un acuerdo: si se declaraba culpable pagaría una multa de 300.000 dólares y recibiría una condena de cinco años de prisión —de los cuales cumpliría menos de la mitad—; si rechazaba la oferta, los fiscales pedirían una pena de 55 años.
A pesar del riesgo de pasar décadas en la cárcel, Dwyer rechazó la propuesta y decidió ir a juicio. Siempre negó haber recibido dinero y sostuvo que la adjudicación del contrato había sido responsabilidad de un comité de trabajo, no suya en forma individual.
El juicio comenzó en diciembre de 1986. Torquato, el abogado Smith y su mujer testificaron identificando a Dwyer como el funcionario sobornado. Tras los alegatos, el juez Malcolm Muir programó la lectura de la sentencia para el 23 de enero de 1987. La noche del 21 de enero, sin embargo, alguien informó a Dwyer que la decisión ya estaba tomada: sería declarado culpable y enfrentaría la máxima pena solicitada por la fiscalía.
En vivo y en directo
Enterado de esa decisión, Dwyer convocó esa misma tarde otra rueda de prensa en Harrisburg para hacer “una actualización sobre la situación” judicial. A pesar de la nevada, los medios acudieron masivamente; muchos esperaban que anunciara su dimisión.
Entró agitado con cuatro sobres —tres blancos y delgados y uno más abultado— y un texto mecanografiado. Frente a las cámaras leyó un pasaje en el que agradecía a Dios y a su familia, señalaba que quienes lo apoyaban se sentían impotentes y afirmaba que, en su opinión, estaba siendo castigado por un delito que no había cometido y víctima de una persecución política en una democracia que no permitía frenar esa acción.
En su intervención criticó la dureza de las posibles sanciones y dijo que, aunque había sido sentenciado a 55 años y una multa de 300.000 dólares si se confirmaba la condena, no aceptaría ser un ejemplo disuasorio porque, según él, era inocente. Pidió a quienes creían en su inocencia que mantuvieran el apoyo a su familia y trabajaran por su exoneración y por un sistema de justicia más justo en Estados Unidos.
Interrumpió la lectura en el tramo final para reiterar que no renunciaría sino que moriría en el cargo. Entregó los tres sobres blancos a colaboradores, sacó el revólver Magnum .357 del sobre más grande, puso el cañón en su boca y se disparó.
Uno de los sobres contenía una carta de despedida dirigida a su esposa, Joanne; otro incluía un formulario de donación de órganos; el tercero estaba dirigido al nuevo gobernador de Pensilvania, Bob Casey, que había asumido dos días antes, y en él enfatizaba que no había renunciado y que había sido tesorero hasta el final.
