A comienzos de año los líderes de la oposición se coordinaron y acordaron una estrategia común que está condicionando la hoja de ruta del oficialismo en el Congreso y generando tensiones internas.
Se prevé que en la segunda quincena de enero Javier Milei firme un decreto que convoque a sesiones extraordinarias en febrero. La apertura del Parlamento podría complicar la posición de La Libertad Avanza respecto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia.
Un diputado opositor explicó el argumento legal: las sesiones extraordinarias terminaron el 30 de diciembre, el DNU se firmó el 31 y se publicó el 2 de enero; si convocan extraordinarias deben incluirlo en el temario, porque de lo contrario se pierde el fundamento de la “urgencia”. “Si el Congreso funciona no hay urgencia”, afirmó.
Por ley, el viernes 16 vence el plazo de 10 días hábiles para que el Ejecutivo envíe el DNU al Congreso y el 30 de enero concluye el plazo para que la Comisión Bicameral emita su dictamen. Cumplidos esos plazos, ambas Cámaras pueden tratar la norma, justo cuando empezarían las sesiones extraordinarias.
El oficialismo enfrenta la disyuntiva de llamar a extraordinarias y arriesgarse a que el Congreso rechace el DNU —como ya ocurrió con iniciativas vinculadas a fondos de la SIDE— o esperar el inicio de las sesiones ordinarias.
Dentro del espacio libertario hay debate porque podrían no reunir todos los votos necesarios para la reforma laboral y, en ese contexto, exponerse a derrotas en votaciones sobre el decreto.
En la oposición ya cuentan con 121 votos en Diputados para rechazar el DNU: la totalidad del bloque del peronismo, 22 de Unidos, los 4 de la izquierda, 2 de la Coalición Cívica, Natalia De la Sota y Jorge “el gato” Fernández. Según una fuente peronista, ese número se alcanza sin sumar votos de la UCR, el PRO, Marcela Pagano, los dos del MID ni los diputados del norte (Innovación Federal).
“Si abren el recinto, iremos por el DNU, no hay duda”, adelantó un diputado de Unidos, que además dijo que no van a esperar resoluciones judiciales por los amparos. Señaló que incluso el Colegio Público de Abogados, presidido por Ricardo Gil Lavedra, se pronunció en contra y que, si llaman a sesionar, intentarán voltear el decreto.
La oposición considera que el número de votos en contra puede crecer por dos motivos: la tendencia de los legisladores a oponerse a intervenciones en los servicios de inteligencia y la posibilidad política de que el PRO busque ajustar cuentas con los libertarios por el acuerdo entre LLA y el kirchnerismo que los dejó fuera de la AGN.
Un diputado encargado del vínculo con los sectores dialoguistas afirmó que no se trata de una ley de gestión sino de una disputa política, y que algunos ven la votación como la oportunidad para “cobrarse” una falta de código que, según Cristian Ritondo (presidente del bloque del PRO), tuvieron Martín Menem y La Libertad Avanza.
El Gobierno convocó a su mesa política para el 16 de enero, con la participación, entre otros, del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt. Allí harán un primer conteo de votos para la reforma laboral, evaluarán los pedidos de los bloques “dialoguistas” y revisarán la situación del DNU sobre la ley de Inteligencia antes de tomar una decisión.
