La organización NetBlocks informó que Irán permanece bajo un estricto corte de Internet que ya supera las doce horas, reduciendo la conectividad a aproximadamente el uno por ciento de los niveles habituales. Esta interrupción limita tanto la salida de información del país como la capacidad de la población para coordinarse. Según NetBlocks, las autoridades han buscado dificultar la comunicación ciudadana en un momento crítico y entorpecer la difusión de datos sobre las tácticas usadas para contener las protestas.
Las manifestaciones, que se registran en varias ciudades iraníes, se originaron en gran medida por el deterioro económico: pérdida del poder adquisitivo y una devaluación histórica del rial. Organizaciones civiles y medios internacionales citados por NetBlocks señalan que el impacto de las sanciones estadounidenses y el mayor escrutinio del programa nuclear han agravado las tensiones, y mencionan además una serie de bombardeos en junio que habrían causado más de 1.100 víctimas mortales.
NetBlocks indicó que el corte de Internet se implementó después de que Reza Pahlevi, hijo del último sah depuesto en 1979, convocara a la población a manifestarse públicamente a través de redes sociales. En su mensaje criticó la interrupción de las comunicaciones y pidió una acción internacional decidida, solicitando a líderes europeos el uso de capacidades técnicas, financieras y diplomáticas para restablecer la conectividad. También agradeció el apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pidió a otros mandatarios occidentales que no guarden silencio.
Según medios y organizaciones civiles, las protestas que se prolongan por más de una semana habrían dejado provisionalmente al menos 30 muertos y más de 2.000 detenidos. Las restricciones de Internet complican la obtención de cifras precisas sobre la magnitud de las movilizaciones y el número de víctimas. Pese a las limitaciones informativas, NetBlocks y agrupaciones de derechos civiles sostienen que la represión está provocando muertes y restringiendo gravemente los canales de denuncia.
La figura de Reza Pahlevi, exiliado desde la caída de su padre hace más de cuarenta años, genera dudas dentro de Irán sobre su capacidad para liderar un movimiento popular. No obstante, en su mensaje más reciente advirtió directamente al ayatolá Alí Jamenei que “el mundo y el presidente de Estados Unidos vigilan de cerca” los sucesos en el país y aseguró que “la represión contra la población no quedará sin respuesta”. También instó a los ciudadanos a actuar “como un frente unido” y resaltó la importancia de mantener las comunicaciones abiertas.
El presidente Masud Pezeshkian ordenó a las fuerzas de seguridad no usar la fuerza contra manifestantes pacíficos y pidió que se adopten medidas diferenciadas contra quienes participen en disturbios. Según declaraciones del vicepresidente Mohamad Yafar Gaempaná recogidas por medios internacionales y reproducidas por NetBlocks, el Gobierno reconoce como legítimas las quejas por el aumento de precios y la depreciación del rial, pero responsabiliza a quienes, a su juicio, generan escasez especulativa o provocan subidas injustificadas en los precios.
El Ministerio de Exteriores, a través de su portavoz Esmaeil Baqaei, atribuyó la incitación a la violencia y la polarización social a Israel y a funcionarios estadounidenses, acusándolos de interferir en los asuntos internos de Irán. NetBlocks señaló que este tipo de acusaciones forman parte del discurso recurrente de Teherán, que insiste en la supuesta injerencia extranjera y presenta las acciones atribuidas a Israel y a ciertos actores estadounidenses como intentos de dividir a la sociedad iraní.
Ante el aumento de víctimas reportado por organizaciones civiles y el acceso cada vez más limitado a la información, organismos internacionales siguen de cerca la evolución en Irán. La respuesta oficial oscila entre el reconocimiento de algunas demandas ciudadanas y la justificación de medidas represivas con argumentos de seguridad nacional. Según los informes citados por NetBlocks y otras entidades, la restauración de una conectividad plena sigue siendo una demanda prioritaria para opositores y activistas, mientras la escalada de tensiones reactiva el debate sobre derechos humanos y libertades civiles en el país.
