El gobierno iraní divulgó este viernes su propio recuento de víctimas por las protestas iniciadas a fines de diciembre, en un intento por fijar su versión de una represión que ha provocado fuertes críticas internacionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, declaró que 3.117 personas han muerto durante las manifestaciones, entre ellas 600 que las autoridades califican como “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, de ese total 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, afirmó Araqchi en un mensaje público, sin detallar los criterios empleados para esa clasificación ni aportar verificación independiente.
Es el primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, tras semanas de comunicados parciales y datos fragmentarios.
El anuncio se produjo días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales indican que el recurso a una entidad vinculada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y de decenas de miles de detenidos en el marco de una represión extendida por numerosas ciudades; esos grupos denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y arrestos masivos sin las debidas garantías judiciales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios daños generalizados en infraestructura pública: aseguró que los “ataques terroristas” dañaron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias y 800 vehículos, además de cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a fines de diciembre en un contexto de profunda crisis económica, marcado por la caída del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores. Las movilizaciones se multiplicaron en Teherán y otras grandes ciudades, con demandas centradas en la situación económica y críticas a la gestión del poder político, y la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El gobierno iraní ha insistido en responsabilizar a actores externos y a opositores en el exilio de haber alimentado los disturbios para justificar una posible intervención internacional. Esa narrativa se reforzó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que su país podría volver a atacar a Irán si continuaba la represión.
Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto insta además a garantizar juicios ante “tribunales competentes, independientes e imparciales” y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
“Hago un llamamiento a las autoridades iraníes para que recapaciten y pongan fin a su brutal represión”, declaró el Alto Comisionado Volker Türk en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrada en Ginebra.
(Con información de Europa Press y EFE)
