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En enero de 2026 el mapa de Siria recuperó la unidad territorial que había perdido hace catorce años, pero esa reunificación puso fin al experimento político autónomo más notable en la región. Lo empezado en 2012 como un proyecto de democracia directa inspirado en las teorías de Abdullah Öcalan culminó con la integración forzada de sus milicias al ejército nacional y la disolución de sus instituciones de autogobierno.
El colapso no fue resultado de una gran batalla exterior sino de una implosión interna: las tribus árabes que sustentaban en gran medida a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se pasaron en masa cuando Damasco les ofreció la reintegración al Estado, algo que los dirigentes kurdos no habían logrado. En dos semanas, el 90% del territorio controlado por el Rojava cambió de manos. Washington retiró su apoyo efectivo, y las contradicciones del proyecto —autoritarismo interno, clientelismo y dependencia de los ingresos petroleros— acabaron por destruirlo desde dentro.
El acuerdo de enero fue el segundo intento de arreglo desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024; un pacto similar alcanzado en marzo de 2025 nunca se consolidó por desacuerdos. Esta vez, la presión militar fue decisiva: en un solo fin de semana las tropas gubernamentales arrebatron grandes extensiones de territorio kurdo, obligando a aceptar condiciones que semanas antes habrían sido inaceptables. Para Charles Lister, director del Programa de Siria en el Middle East Institute, el desenlace fue un “colapso operativo casi total”. La ofensiva iniciada el 6 de enero arrebató en menos de dos semanas el 90% del territorio kurdo, incluidas ciudades como Raqqa y Deir ez-Zor.
Una oportunidad en medio del desastre
La historia del Rojava —la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria— es la de una iniciativa política surgida en el vacío de poder.
En 2012, con Assad concentrando tropas en otros frentes, el Partido de la Unión Democrática (PYD) y sus milicias YPG/YPJ establecieron una administración que aspiraba a reorganizar la vida política mediante comunas, políticas feministas y una propuesta antinacionalista.
El punto de inflexión llegó en 2014, cuando la defensa de Kobane frente al Estado Islámico atrajo atención internacional. Las imágenes de combatientes kurdas resistiendo al EI convirtieron al Rojava en un símbolo de resistencia.
Esa victoria consolidó la alianza con la coalición liderada por Estados Unidos y permitió a las FDS —formadas en 2015— expandir su control hasta aproximadamente un tercio de Siria, incluyendo importantes yacimientos petroleros y las grandes reservas agrícolas de la región de Jazira.
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No obstante, ese éxito plantó también las semillas de la crisis. Bajo presión occidental, los kurdos asumieron la administración de amplias áreas de mayoría árabe en Deir ez-Zor y Al-Raqa. “En realidad, las SDF no eligieron gestionar estos territorios. Los occidentales se lo pidieron para luchar contra ISIS”, explicó el académico Cédric Labrousse en L’Opinion. Muchas tribus árabes optaron por acomodarse mientras la alternativa parecía ser volver bajo el control de Assad.
El reverso de la utopía
Detrás de la imagen idealizada del Rojava como un experimento feminista y democrático existían contradicciones profundas. Lo que en el discurso era democracia participativa fue denunciado por críticos como un sistema de partido único dominado por el PYD. El Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión documentó episodios de cierre de sedes opositoras, reclutamiento forzoso de menores y censura.
La “tercera vía” de Öcalan chocó con una realidad militarizada que dependía de la explotación petrolera y del respaldo de Estados Unidos, contradiciendo sus postulados ecologistas y anticapitalistas. El proyecto terminó reproduciendo estructuras centralizadas y relaciones de dependencia.
Más aún, estudios periodísticos como el de Faris Zwirahn en New Lines Magazine describen cómo el poder real residía en una red paralela de cuadros vinculados al PKK, que socavaban la autoridad de los consejos civiles y de comandantes locales. En zonas de mayoría árabe, los consejos tenían cargos pero poca autonomía; los ingresos petroleros y la seguridad quedaban en manos de esos cuadros, creando una estructura excluyente y un silencio impuesto más que un consentimiento general.
Zwirahn documentó también medidas represivas que iban desde prohibiciones culturales hasta detenciones por mostrar símbolos nacionales, que invisibilizaban la gravedad de la represión fuera de Siria.
Estas tensiones internas explican por qué, llegado el momento decisivo, el proyecto se desmontó con rapidez: no fue tanto la superioridad militar del adversario como la falta de apoyo social amplio, sobre todo entre las tribus árabes.
Colapso interno y traición
En enero de 2026 la respuesta del gobierno sirio no encontró una resistencia organizada sino rendiciones en masa. Las fuerzas gubernamentales iniciaron operaciones el 6 de enero y, tras un alto el fuego posterior, continuaron avanzando en otras provincias durante el fin de semana del 18 y 19 de enero.
Varias tribus árabes dentro de las FDS desertaron y optaron por alinearse con Damasco. Grupos como la Fuerza Sanadid de la tribu Shammar no solo abandonaron posiciones sino que facilitaron la toma de pasos estratégicos como el cruce de Yarubiyah. Los kurdos acusaron a Turquía de apoyar la ofensiva con ataques de drones.
La aparición de Ahmed al-Sharaa, un dirigente árabe que ofreció la reintegración al Estado sirio, fracturó el frágil equilibrio. Sin sus aliados árabes y con el apoyo estadounidense disminuido, las YPG/YPJ quedaron aisladas. La acogida de las tropas gubernamentales en ciudades como Raqqa puso de manifiesto que muchos locales veían a los kurdos como una fuerza ocupante.
El abandono estadounidense
El giro de Washington fue determinante. Durante las dos semanas de violencia, los kurdos denunciaron la falta de respaldo. El 20 de enero, el enviado especial estadounidense para Siria, Thomas Barrack, afirmó en X que “ya no hay razón para que sus aliados kurdosirios lideren la lucha contra el Estado Islámico” y describió al gobierno de Damasco como “el socio natural” de Estados Unidos en la región.
Barrack reconoció que las FDS habían sido el socio más eficaz contra el califato territorial en 2019, pero sostuvo que la situación había cambiado. Siria se unió en 2025 a la Coalición Global para Derrotar al EI como miembro número 90, lo que reflejó un acercamiento al oeste y cooperación con Washington.
Analistas como el Instituto para el Estudio de la Seguridad Nacional (INSS) de Israel señalan que la administración estadounidense prefirió respaldar un gobierno sirio fuerte y unificado antes que sostener un enclave kurdo que complicaba las relaciones con Turquía, un aliado de la OTAN que considera a las milicias kurdas conexión con el PKK.
Derechos culturales, cero poder
En la fase final, los kurdos obtuvieron concesiones simbólicas: el Decreto Presidencial número 14 reconoce al pueblo kurdo como “componente esencial” de Siria, oficializa su lengua y declara el Nowruz festividad nacional, derechos negados durante décadas.
Para especialistas como Fabrice Balanche, del Washington Institute, estas medidas son en gran parte cosméticas. Según él, el objetivo real del régimen es recuperar y controlar los campos petroleros de Al-Omar y Conoco; reconocer la lengua calma a observadores externos mientras se desmonta el poder efectivo kurdo, lo que algunos analistas llaman “victorias póstumas”.
El acuerdo exige la integración “individual” de combatientes en el ejército tras un proceso de revisión de seguridad, lo que desarticula la cadena de mando kurda, y la salida del país de combatientes extranjeros de las YPG. Un análisis de Chatham House advierte que dispersar a estos combatientes en unidades de mayoría árabe puede ser “una bomba de tiempo” para la cohesión militar. La desconfianza mutua persiste: Damasco ve a las SDF como separatistas apoyados por extranjeros; los kurdos temen un ejército con facciones todavía marcadas por rencores de la guerra civil.
Nanar Hawach, del International Crisis Group, subrayó en un informe reciente que el gobierno de Al-Sharaa prioriza el control territorial sobre la gestión de amenazas como la posible reactivación del Estado Islámico, un riesgo que podría complicar la transición y la reconstrucción. El mismo 20 de enero, las FDS denunciaron que la coalición internacional no respondió a sus peticiones para frenar un asalto a una prisión con presos del EI, incidente que acabó con una fuga masiva.
El espectro de la insurgencia
Para analistas como Francesco Petronella (ISPI), la capitulación pudo ser la vía para evitar un desastre humanitario mayor: si Al-Sharaa hubiera intentado tomar ciudades kurdas por la fuerza, las YPG habrían tenido pocas opciones. Aun así, la tregua no elimina la incertidumbre: los combates continúan y el control del terreno sigue siendo inestable.
En ese contexto, las YPG han buscado nuevos apoyos; públicamente han pedido la intervención de Israel en su favor, comparando su situación con crisis pasadas y solicitando asistencia internacional para frenar a Al-Sharaa.
Petronella considera que la estructura autónoma de las SDF “ha terminado”, pero advierte que el problema kurdo en Siria no desaparecerá. Si el acuerdo fracasa, no se descarta que un núcleo duro opte por una insurgencia prolongada, con el doble riesgo de una guerra de guerrillas que desgaste al nuevo gobierno y de que el Estado Islámico aproveche el desorden para resurgir en un momento en que el mapa sirio vuelve a unificar su control tras quince años de fragmentación.
