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En enero de 2026 Siria recuperó la unidad territorial perdida hace catorce años, pero a costa del fin del experimento político más audaz de su reciente historia. Lo que nació en 2012 como un proyecto de democracia directa inspirado en Abdullah Öcalan terminó con la integración forzosa de sus milicias al ejército central y la disolución de sus instituciones de autogobierno.
La caída no fue el resultado de una batalla decisiva, sino de una implosión interna: las tribus árabes que sostenían a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) se pasaron masivamente al gobierno de Damasco cuando este les ofreció volver al Estado sirio. En dos semanas, el 90% del territorio controlado por el Rojava cambió de manos. Washington dejó de apoyar a aliados que había respaldado durante una década, y las contradicciones internas del proyecto —autoritarismo, clientelismo y dependencia del petróleo— terminaron por socavar su propia legitimidad.
Este enero supuso el segundo intento de acuerdo entre las partes desde la caída de Bashar al‐Assad en diciembre de 2024; en 2025 ya se había negociado un pacto similar que no se materializó por desacuerdos. Ahora la presión militar fue decisiva: en un fin de semana, las fuerzas gubernamentales arrebataron amplias zonas a los kurdos, obligándolos a aceptar condiciones que antes rechazaban. Para Charles Lister, director del Programa de Siria en el Middle East Institute, se produjo un “colapso operativo casi total” de las fuerzas kurdas; la ofensiva iniciada el 6 de enero arrebató en menos de dos semanas el 90% del territorio kurdo, incluidas ciudades como Raqqa y Deir ez‐Zor.
Una oportunidad en medio del desastre
El Rojava —oficialmente la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria— surgió como una respuesta política aprovechando el vacío dejado por el régimen en 2012, cuando Bashar al‐Assad replegó tropas hacia Damasco y Alepo. El Partido de la Unión Democrática (PYD) y sus milicias YPG/YPJ implantaron una administración basada en comunas, un discurso feminista y el rechazo al Estado‐nación.
La resistencia de Kobane en 2014 frente al Estado Islámico atrajo la atención internacional y convirtió al proyecto en un símbolo de resistencia. Esa victoria consolidó la alianza con la coalición liderada por Estados Unidos y permitió a las FDS —creadas en 2015— expandirse hasta controlar alrededor de un tercio de Siria, incluidos importantes recursos petroleros y regiones cerealistas como la Jazira.
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Sin embargo, ese éxito planteó nuevos problemas. Por presión occidental, las autoridades kurdas asumieron el gobierno de extensas zonas árabes en Deir ez‐Zor y Al‐Raqa, una responsabilidad que, según Cédric Labrousse en L’Opinion, asumieron porque la alternativa era Assad. Muchas tribus árabes optaron por acomodarse hasta que se les ofreciera otra salida.
El reverso de la utopía
Detrás de la imagen idealizada del Rojava como oasis feminista y democrático existían contradicciones profundas. Lo que se presentó como democracia participativa fue denunciado por opositores como un sistema de partido único con control férreo del PYD. El Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión documentó prácticas autoritarias: cierre de sedes opositoras, reclutamiento forzoso de menores y censura.
La propuesta de “tercera vía” de Öcalan —ni capitalismo ni Estado‐nación— chocó con la realidad de una estructura militarizada dependiente de la extracción de petróleo y del respaldo estadounidense, contradiciendo su discurso ecologista y autónomo. En la práctica, la economía y la administración replicaron dinámicas de poder tradicionales.
Además, Faris Zwirahn, en un reportaje para New Lines Magazine, mostró que el poder efectivo no residía en las instituciones civiles declaradas, sino en una red de cuadros vinculados al PKK que actuaban como autoridad paralela. En áreas de mayoría árabe, los consejos locales o mandos tribales carecían de autonomía real; la seguridad y los ingresos petroleros quedaban bajo control de esos cuadros, generando exclusión y silencio más que consentimiento.
Zwirahn documentó casos de represión cotidiana: prohibiciones culturales, detenciones por mostrar símbolos nacionales y sanciones a disidentes. Observadores internacionales tendieron a celebrar al Rojava como un modelo relativamente tolerante, pero muchas prácticas autoritarias eran poco visibles fuera de la región. Estas tensiones explican por qué, cuando llegó la crisis, el proyecto se desmoronó con rapidez: su base social más amplia, las tribus árabes, nunca lo asumió como propio.
Colapso interno y traición
En enero de 2026 la ofensiva gubernamental encontró poco más que rendiciones y traslados de lealtad. Los combates comenzaron el 6 de enero en barrios kurdos de Alepo; tras un alto el fuego de una semana, el gobierno avanzó nuevamente el fin de semana del 18–19 de enero, consolidando ganancias en otras provincias.
Tribus árabes integradas a las FDS desertaron y se sumaron a Damasco. Formaciones como la Fuerza Sanadid, de la tribu Shammar, no solo abandonaron posiciones sino que facilitaron la toma de pasos estratégicos como el cruce de Yarubiyah. Los kurdos acusaron a Turquía de apoyar la ofensiva con ataques de drones.
La aparición de Ahmed al‐Sharaa, un líder árabe sunnita con perfil de desradicalización, alteró el equilibrio: ofreció a las tribus lo que los kurdos no pudieron darles —el retorno al Estado— y dejó a las YPG/YPJ aisladas sin sus aliados árabes ni respaldo estadounidense. La bienvenida que recibieron las tropas gubernamentales en ciudades como Raqqa mostró que muchos locales veían a los kurdos como una fuerza ocupante.
El abandono estadounidense
El giro estadounidense fue determinante. Durante las dos semanas de violencia, los kurdos denunciaron la falta de apoyo. El 20 de enero, el enviado especial de EE. UU. para Siria, Thomas Barrack, escribió en X que “ya no hay razón para que sus aliados kurdos sirios lideren la lucha contra el Estado Islámico” y describió al gobierno central como el “socio natural” de Washington en la región.
Barrack reconoció que las FDS habían sido el socio más eficaz en la derrota territorial del EI en 2019, pero argumentó que la realidad sobre el terreno había cambiado. En 2025, Siria se incorporó oficialmente a la Coalición Global para Derrotar al EI, un movimiento que señala un giro hacia la cooperación con Occidente.
El Instituto para el Estudio de la Seguridad Nacional (INSS) de Israel sostiene que la administración Trump optó por favorecer un gobierno sirio fuerte y unificado en vez de mantener un costoso parapeto sobre un enclave kurdo conflictivo para Turquía, aliado clave de la OTAN, que considera a las milicias kurdas vinculadas al PKK.
Derechos culturales, cero poder
En su momento más crítico, los kurdos obtuvieron reconocimientos simbólicos: Al‐Sharaa promulgó el Decreto Presidencial no 14 que reconoce al pueblo kurdo como “componente esencial” de Siria, oficializa su idioma y declara el Nowruz festividad nacional, derechos negados durante décadas.
Para analistas como Fabrice Balanche, del Washington Institute, estos gestos son mayormente cosméticos: la prioridad del régimen es recuperar los yacimientos petrolíferos como Al‐Omar y Conoco; reconocer identidades calma a Occidente mientras se desmantela el poder real de los kurdos, una dinámica que algunos califican de “victoria póstuma”.
El acuerdo impone la integración individual de combatientes en el ejército sirio tras un control de seguridad, lo que fractura las cadenas de mando kurdas, y obliga a expulsar a los integrantes extranjeros de las YPG. Chatham House advirtió que repartir a estos combatientes en unidades mayoritariamente árabes puede ser una “bomba de tiempo” para la cohesión militar. La desconfianza es mutua: Damasco ve a las FDS como “separatistas protegidos por extranjeros” y los kurdos temen ingresar en un ejército fragmentado y resentido por la guerra civil.
Nanar Hawach, del International Crisis Group, señaló en un informe que el gobierno prioriza el control territorial sobre la gestión de amenazas como el resurgimiento del Estado Islámico, lo que podría complicar la transición y la reconstrucción. El 20 de enero las FDS denunciaron que la coalición internacional liderada por Washington ignoró sus solicitudes para frenar un asalto a una cárcel con presos del EI que derivó en una fuga masiva.
El espectro de la insurgencia
Francesco Petronella, del ISPI, advirtió que la capitulación pudo ser la única vía para evitar una catástrofe humanitaria mayor: si las fuerzas de Al‐Sharaa hubieran intentado tomar ciudades como Kobane o Qamishli por la fuerza, las YPG habrían tenido pocas opciones de resistencia prolongada.
A pesar de una tregua formal, los combates continúan y el control territorial sigue fluctuando. Frente a la debilidad, las YPG han buscado nuevos apoyos y públicamente han pedido intervención de actores externos, incluido Israel, según reportes. El analista se preguntó si Netanyahu responderá a esas demandas o mantendrá negociaciones con Damasco, como favorece la administración Trump.
Petronella considera que el proyecto de autonomía de las SDF, tal como existía, ha terminado, pero advierte que la cuestión kurda en Siria no se resuelve con la integración: si el acuerdo fracasa, el núcleo duro de las milicias podría pasar a una insurgencia prolongada, con el doble riesgo de una guerrilla kurda que desgaste al nuevo gobierno y de un resurgimiento del Estado Islámico que se aproveche del desorden durante la transición.
