La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, denunció que miles de manifestantes heridos en las recientes protestas habrían sido sacados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, en lo que sería una grave vulneración del derecho a la atención médica consagrado en el derecho internacional.
Sato, quien también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, dijo haber recibido múltiples informes sobre la extracción forzada de pacientes en hospitales de distintas provincias. Relató a Reuters que familiares que acudieron al día siguiente no encontraron a sus allegados y que, además, hay denuncias de exigencias de entre USD 5.000 y USD 7.000 para la entrega de cadáveres, lo que supone una carga económica significativa en el actual contexto del país.
La organización HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en EE. UU., estima 5.937 muertes relacionadas con las protestas, incluidas 214 de miembros de las fuerzas de seguridad; las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Sato y Reuters señalaron que no pudieron verificar de forma independiente esas cifras, aunque la relatora considera que el número real de víctimas mortales supera ampliamente las cifras oficiales.
Personal sanitario entrevistado por Reuters bajo condición de anonimato confirmó que fuerzas de seguridad han irrumpido en hospitales para retirar a pacientes y revisar expedientes en busca de manifestantes heridos. Un médico de Rasht dijo que, tras operaciones por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria y su paradero se desconoce. Asimismo, personal de hospitales en Teherán denunció que agentes de la Guardia y la policía inspeccionaron habitaciones en busca de heridos por las protestas.
Estas acciones han disuadido a muchas personas de buscar atención médica por temor a ser arrestadas, lo que aumenta el riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que esta práctica contraviene el principio de neutralidad médica protegido por los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de médicos, hospitales y pacientes para permitir una atención imparcial.
Según informes citados por la relatora, en las 31 provincias del país las fuerzas de seguridad habrían disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza, apuntando a órganos vitales y empleando fuerza letal de manera indiscriminada. El derecho internacional permite el uso de fuerza letal solo como último recurso y de forma proporcional. Sato advirtió que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y señaló un aumento de lesiones oculares causadas por disparos de perdigones durante las manifestaciones.
Sato también denunció que las exigencias de pago para la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias al mezclar dolor con extorsión, y que la tentativa de las autoridades de calificar a los manifestantes como “terroristas” o “alborotadores” busca justificar la represión de un movimiento que, según la relatora, fue en gran medida local y espontáneo.
Televisión estatal difunde confesiones forzadas para desalentar la disidencia
Un grupo de derechos humanos informó que al menos 240 confesiones forzadas han sido difundidas recientemente por la televisión estatal iraní. En esos videos, las personas arrestadas admiten delitos que incluyen violencia contra fuerzas de seguridad, colaboración con opositores o potencias extranjeras, y contactos con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado esas grabaciones de propaganda y denunciaron que las confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha reportado que detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluso actos pacíficos de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas interrogaciones televisadas. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, afirmó que estas confesiones sirven para fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desalentar la disidencia, además de humillar y desacreditar a los opositores.
Las protestas, iniciadas por motivos económicos, derivaron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente tras el apagón de internet impuesto el 8 de enero. HRANA documentó miles de muertos durante la represión, más de 41.000 detenciones y alrededor de 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) calificó la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes y advirtió que esas declaraciones suelen ser la única prueba usada para condenar, incluso en casos que terminan en pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir confesiones sobre “colusión con potencias extranjeras”, el Estado busca legitimar la represión en nombre de la seguridad nacional y emplea las confesiones televisadas como prueba para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
