Miles de manifestantes heridos en las recientes protestas en Irán habrían sido retirados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, denunció la relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato. Según la experta, esta práctica violaría gravemente el derecho a la atención médica protegido por el derecho internacional.
Sato —quien también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres— dijo haber recibido múltiples informes sobre la extracción forzada de pacientes en hospitales de distintas provincias. Familias que acudieron a los centros médicos al día siguiente no encontraron a sus seres queridos. Además, indicó que a muchas familias se les exige entre USD 5.000 y USD 7.000 para recuperar los cuerpos de los fallecidos, una carga económica significativa en el contexto actual del país.
El grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima en 5.937 el número de muertos vinculados a las protestas, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad; las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Sato y Reuters señalaron que no han podido verificar de forma independiente esas cifras, aunque la relatora considera que las muertes superan ampliamente el conteo oficial.
Personal sanitario entrevistado por Reuters bajo condición de anonimato confirmó que las fuerzas de seguridad irrumpieron en hospitales, retiraron a pacientes y requisaron expedientes para localizar a manifestantes heridos y detenerlos. Un médico en Rasht relató que, tras operaciones por heridas de bala, decenas de pacientes fueron sacados por la Guardia Revolucionaria y su paradero se desconoce. En Teherán, una enfermera y dos médicos dijeron que agentes de la Guardia y la policía revisaron habitaciones buscando heridos vinculados a las protestas.
Estas intervenciones han disuadido a muchas personas de buscar atención médica por miedo a ser arrestadas, lo que incrementa el riesgo para la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que tales actuaciones vulneran el principio de neutralidad médica consagrado en los Convenios de Ginebra, que protege a médicos, hospitales y pacientes para garantizar una atención imparcial.
Según informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y haciendo un uso letal e indiscriminado de la fuerza. El derecho internacional permite el uso de fuerza letal sólo como último recurso y de manera proporcional. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y advirtió sobre un aumento de lesiones oculares causadas por perdigones en las protestas.
La relatora también denunció que las exigencias de pago por la entrega de cadáveres agravan el sufrimiento de las familias, combinando el duelo con la extorsión. Señaló que la caracterización de los manifestantes como “terroristas” o “alborotadores” por parte de las autoridades busca justificar la represión de lo que describió como un movimiento local y espontáneo.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Al menos 240 confesiones forzadas han sido transmitidas recientemente por la televisión estatal iraní, según un grupo de derechos humanos. Los videos muestran a detenidos admitiendo delitos que van desde violencia contra fuerzas de seguridad hasta colaboración con opositores o potencias extranjeras, o incluso el simple contacto con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional califican esos videos de propaganda y denuncian que las confesiones habrían sido obtenidas bajo tortura física y psicológica. Se ha informado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir delitos que no cometieron, incluidas acciones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha encabezado personalmente algunas de las interrogaciones televisadas. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, afirmó que estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y disuadir la disidencia. Según Boroumand, esas prácticas buscan humillar y desacreditar a los opositores y recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, que se originaron por motivos económicos, derivaron en un movimiento masivo contra la república islámica, sobre todo desde el 8 de enero, cuando las autoridades impusieron un apagón de internet. HRANA reportó miles de muertes durante la represión, más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas en el marco del operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) calificó la actual escala de confesiones forzadas como sin precedentes, y advirtió que esas declaraciones suelen ser la única prueba usada para condenar, incluso cuando se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que al exhibir a los disidentes confesando supuesta “colusión con potencias extranjeras”, el Estado busca legitimar la represión en nombre de la seguridad nacional y emplea la confesión televisada como prueba para justificar castigos severos.
(Con información de Reuters y AFP)
