El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, oficializó el aumento de las recompensas ofrecidas por información sobre el paradero de dos prófugos. Uno de ellos es Sergio Eduardo Giménez, buscado desde 2015 por el abuso sexual continuado de su hijastra con la participación de su pareja. El otro es Maximiliano David Liquitay, investigado como supuesto cabecilla de una banda narco.
Los incrementos se establecieron en las resoluciones 87/2026 y 88/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Según esas medidas, quienes aporten datos verificados que permitan localizar a Giménez percibirán 10 millones de pesos, mientras que por Liquitay la recompensa será de 5 millones.
Las autoridades indicaron que la información puede comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
Se garantizará la reserva de la identidad de los informantes y el pago se efectuará una vez que los datos sean corroborados. El Ministerio de Seguridad Nacional determinará la oficina estatal encargada del pago.
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Asimismo, señalaron que quienes aspiren a cobrar la recompensa no deben estar vinculados al hecho delictivo investigado.
Abusos a su hijastra con el aval de la madre
Desde el 11 de noviembre de 2015 Interpol mantiene una alerta roja para Sergio Eduardo Giménez, denunciado por su hijastra por abusos sexuales reiterados durante años. La Justicia consideró que la madre de la víctima, Celia Sosa, colaboró en los hechos y fue condenada como coautora a 14 años de prisión.
La víctima relató que los abusos comenzaron cuando tenía 8 años y que, a los 15, declaró en Cámara Gesell que su madre la obligaba a mantener relaciones con Giménez. En ese período había sufrido un aborto y logró escapar del domicilio donde convivía con sus abusadores.
Según su testimonio, Giménez convencía a la madre de que los abusos eran necesarios para “salvarla” y la sometían mediante violencia física, amenazas y castigos, incluida la utilización de un cinturón. Describió que a veces los actos se realizaban con preservativo y otras sin él; después de comenzar a menstruar, relató, se usaba siempre.
El historial judicial de Giménez incluye una condena previa, en 2013, por abuso sexual contra su hija biológica. La Justicia constató que Sosa conocía esa condena y que, pese a ello, acompañó la fuga a Paraguay, donde la situación de la víctima habría empeorado. La joven pudo escapar con ayuda de una vecina; una familiar maternal presentó la denuncia en Formosa y la joven regresó al país.
La abuela paterna también impulsó acciones judiciales. Sosa fue sometida a juicio ante el Tribunal Oral Criminal N° 27 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; su defensa alegó dificultades de comprensión, argumento que no fue admitido por los jueces. Las pericias consideraron concluyente el relato de la víctima y acreditaron las agresiones físicas relatadas.
Condenado por dirigir una banda narco y con pedido de captura
En el caso de Maximiliano David Liquitay, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta lo condenó a 9 años y medio de prisión por administrar los vehículos utilizados por la banda narco que lideraría.
Las autoridades indicaron que está investigado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado y que el pedido de captura internacional se activó el 12 de enero de 2024.
La causa se conoció en 2023, cuando en un control se detectó un camión que ingresaba desde Bolivia con 418 kilos de cocaína. Además de Liquitay, fueron condenadas otras personas vinculadas al transporte y la logística de la organización.
Santos Pascual Yufra, señalado como conductor del camión que transportaba la droga, recibió la misma pena que Liquitay; Fernando Ariel Ramírez, quien acompañaba al chofer, fue condenado a 7 años. Darío Ezequiel Giménez, identificado como conductor del vehículo puntero de la banda, fue sentenciado a 8 años y medio, mientras que la pareja de Yufra fue procesada y posteriormente absuelta.
