El año 2025 concluyó con la aprobación en el Congreso de dos normas relevantes para la macroeconomía de 2026: el Presupuesto y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal.
Tras dos años sin un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo, resultaba necesario recuperar la normalidad y disponer de un presupuesto en tiempo y forma.
Quedó sin efecto, al menos por ahora, la intención de revertir los incrementos en el gasto destinados a universidades y a prestaciones por discapacidad. Ambos temas exigirán en el futuro un debate menos polarizado que el observado antes de las elecciones de octubre, cuando posturas extremas llevaron a relajar requisitos para acceder a prestaciones por discapacidad y a priorizar el gasto en universidades sin discutir mejoras en la eficiencia (por ejemplo, revisar la cantidad y la dispersión de instituciones cuando existen señales de que la apertura de nuevas casas de estudio fue politizada, incluso en localidades de baja población cuyas necesidades podrían atenderse con sedes regionales de universidades más grandes).
Esto plantea la cuestión de cómo alcanzará el Ejecutivo el objetivo de un superávit primario del 1,5% del PBI.
La reasignación de partidas es una alternativa, pero presenta límites importantes: muchas partidas se actualizan por inflación (la más relevante, las jubilaciones) y existen restricciones legales sobre el porcentaje máximo que puede reasignarse de cada rubro.
El Presupuesto 2026 parte de la hipótesis de que el PBI nominal promedio del año aumentará alrededor de 20% respecto de 2025. Es poco probable que la inflación resulte tan baja como la prevista; una inflación mayor compensaría, en términos nominales, un crecimiento real inferior al optimista 5% contemplado en el presupuesto.
En consecuencia, una mayor nominalidad generará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no indexado, lo que puede facilitar el cumplimiento de la meta de superávit primario sin modificar las partidas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, ello deja un desafío para el presupuesto de 2027, cuando las proyecciones deberán ajustarse a la ejecución real de 2026.
Es difícil cuantificar el efecto de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal sobre las decisiones de las familias, pero probablemente aporte algo de dinamismo a la actividad. Además, si parte de los dólares que ingresen al sistema se destinan a comprar títulos públicos, la norma podría también proveer alguna financiación al sector público.
La mayor nominalidad de la economía también le dará espacio al Banco Central. Los datos muestran una fuerte dolarización de portafolios antes de las elecciones de octubre y parte de esa dolarización debería revertirse, incrementando la demanda de pesos; este proceso de normalización es de una sola vez y puede tardar varios trimestres.
Adicionalmente, cada año el BCRA puede emitir para satisfacer el aumento en la demanda de base monetaria necesaria para mantener la relación Base/PBI en el nivel que demandan los agentes privados. Un mayor crecimiento del PBI nominal le permite al Banco Central comprar divisas mediante emisión sin que ello necesariamente genere inflación.
Ese incremento de nominalidad aliviará la presión sobre partidas no ajustables por inflación, pero no sustituye la necesidad de políticas que mejoren la eficiencia del gasto público.
Conviene recordar por qué es necesario acumular reservas aun con un tipo de cambio flotante. Los países emergentes están expuestos a shocks que pueden provocar una interrupción súbita del financiamiento al sector público y a empresas privadas; sin reservas, esos episodios podrían forzar incumplimientos en obligaciones de deuda.
Para fijar un nivel adecuado de reservas se consideran, entre otros factores, los vencimientos de deuda de corto plazo y los pagos por importaciones, con el objetivo de evitar eventos disruptivos que intensifiquen las tendencias recesivas ante un choque adverso.
El swap con Estados Unidos, que parece más accesible que un swap con China, funciona como un sustituto transitorio frente a la débil posición de reservas netas del BCRA. No obstante, es necesario fortalecer las reservas aun cuando, en el corto plazo, ello implique un tipo de cambio real algo más depreciado y renunciar a parte de la mejora posible en el nivel de actividad.
La alternativa a acumular reservas habría sido gastar esas divisas para sostener la actividad y evitar el costo del “seguro anticrisis”. Esa estrategia puede impulsar la demanda en el corto plazo, pero incrementa el riesgo de una recesión mayor si no se dispone de un colchón frente a un shock externo.
Es factible que, a medida que las reservas netas mejoren, el riesgo país se reduzca y compense parte del costo inicial. Sin embargo, ese ajuste podría tardar varios meses de compras netas por parte del BCRA.
Comienza un nuevo año en el que la mayor nominalidad brindará margen al programa de gobierno para corregir debilidades. Una desaceleración más gradual de la inflación parece un precio razonable a pagar para ganar mayor tranquilidad macroeconómica.
El autor es Director y Economista Jefe de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura 682 de FIEL
