Desde el 1 de enero de 2026, Alemania puso en marcha la denominada “pensión activa”, que permite a los jubilados que decidan seguir trabajando tras la edad legal de retiro percibir hasta 2.000 euros mensuales libres de impuestos.
La reforma fue diseñada para afrontar la escasez de mano de obra y contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
A diferencia del régimen anterior, la nueva modalidad autoriza a las personas mayores de 67 años a compatibilizar trabajo y pensión, elimina el antiguo límite sobre ingresos adicionales y suprime la restricción que impedía reincorporarse al puesto laboral previo, según explicó el Parlamento alemán.
La ministra de Trabajo, Bärbel Bas, describió la medida como un incentivo sencillo para retener talento con experiencia y aumentar la flexibilidad de los empleadores, enfatizando la necesidad de ofrecer condiciones atractivas a quienes opten por trabajar más tiempo.
Bas agregó que levantar la barrera para volver al empleo anterior facilita la continuidad laboral de las personas que desean permanecer activas.
La aprobación de la reforma estuvo precedida por un intenso debate político; el comité de coalición, encabezado por el canciller Friedrich Merz y compuesto por ministros clave, impulsó el cambio para cubrir vacantes crecientes en sectores como la ingeniería, el transporte, la sanidad y la administración pública.
Carsten Linnemann, portavoz de la Unión Demócrata Cristiana, afirmó que la “pensión activa” transforma el panorama laboral en Alemania, ayuda a captar personal cualificado y permite a los jubilados obtener ingresos adicionales sin perder el acceso a prestaciones sociales previas.
El Bundestag aprobó el paquete legislativo con 318 votos a favor, 224 en contra y 53 abstenciones, lo que refleja la disparidad de opiniones sobre el alcance de las medidas.
Desde el Partido Socialdemócrata, Dagmar Schmidt subrayó la prioridad de estabilizar el nivel de las pensiones como base para proteger el poder adquisitivo de los pensionados, y defendió esa decisión como esencial para el SPD.
En comparación con otros países europeos, la pensión activa alemana constituye un incentivo fiscal más explícito. Según la OCDE, Suecia ofrece deducciones fiscales a quienes trabajan después de los 66 años y Dinamarca aplica bonificaciones por pensiones diferidas.
No obstante, la mayoría de los Estados miembros recurre principalmente a bonificaciones por jubilación aplazada, de modo que continuar trabajando no garantiza ingresos libres de impuestos tan elevados como los previstos en la reforma alemana.
La nueva legislación permite combinar salario y pensión hasta 2.000 euros mensuales sin tributar por ese importe. La eliminación de la restricción para reincorporarse al antiguo empleo beneficia sobre todo a empresas que requieren perfiles expertos y ayuda a mantener personal veterano en áreas esenciales del mercado laboral.
Sin embargo, persisten dudas sobre la interacción de este beneficio con otras cargas fiscales, como el recargo de solidaridad o impuestos municipales, y sobre si el límite exento se aplica por persona o por contrato cuando se mantienen múltiples actividades laborales.
El Bundestag también advirtió que los requisitos técnicos y administrativos para acceder a la pensión activa aún no están completamente definidos, con interrogantes sobre la coordinación con los pagos de seguros médicos y la adaptación de normativas locales para armonizar los beneficios.
Analistas citados por The Guardian señalaron que la reforma podría no beneficiar plenamente a los hogares más vulnerables, ya que el acceso efectivo dependerá de encontrar empleos de calidad; algunos críticos alertan del riesgo de un retroceso en niveles de protección social.
El paquete legislativo incluyó además otras medidas, como la ampliación de los créditos de crianza para progenitores de hijos nacidos antes de 1992, con seis meses adicionales que elevan el reconocimiento hasta tres años.
Se mantuvo el nivel mínimo de las pensiones en el 48% del salario previo hasta 2031 y se prorrogó la suspensión del “factor de sostenibilidad”, mecanismo que ajusta la evolución de las pensiones según la relación entre cotizantes y jubilados.
El Bundestag estimó que el coste de asegurar la estabilidad del sistema supera los 120.000 millones de euros en quince años, con una revisión prevista para 2031 en función de la evolución demográfica y económica.
El futuro del sistema de pensiones alemán dependerá de las recomendaciones de una comisión de expertos que ya trabaja en propuestas para reforzar la viabilidad de la jubilación pública; parlamentarios y analistas coincidieron en que mantener el equilibrio financiero y demográfico es el principal reto.
El Parlamento alemán reconoció que afrontar estos desafíos exigirá decisiones firmes en los próximos años para consolidar la reforma y garantizar la protección social de las generaciones futuras.
