La violencia social en Costa Rica ha crecido de forma sostenida y se manifiesta de manera visible en los centros educativos, lo que preocupa a especialistas y autoridades. El Observatorio de la Educación de la Universidad Americana (UAM) señala que la presión social sobre niños y adolescentes se refleja claramente en las aulas, donde aumentan los reportes de acoso y agresiones.
En 2024 los homicidios con armas de fuego llegaron a 684 casos, frente a 405 en 2020, según el Ministerio de Justicia, lo que evidencia una expansión de la violencia estructural. Este deterioro ocurre en un contexto de avances mínimos en la reducción de la pobreza, situación que afecta con especial fuerza a la infancia en condiciones vulnerables, según datos del INEC.
El sistema educativo se ha vuelto el principal espacio de convivencia para la juventud: el 95% de las personas entre cinco y dieciocho años asisten a la escuela o al colegio, según el INEC, por lo que es fundamental que estos entornos sean seguros. Entre 2022 y 2025 el Ministerio de Educación Pública (MEP) registró alrededor de 2.938 reportes de bullying y otras agresiones en centros educativos, lo que evidencia una problemática persistente.
El promedio es de siete denuncias diarias por acoso y violencia entre estudiantes, una cifra que muestra la regularidad de estos episodios en la vida escolar. Las situaciones documentadas de bullying aumentaron de 197 casos en 2019 a 388 en 2023, mientras que los conflictos y agresiones entre estudiantes siguen una tendencia al alza, según el MEP.
El acoso escolar afecta a casi la mitad del estudiantado costarricense
Según el Observatorio de la Educación de la UAM, aproximadamente el 44% de los estudiantes en Costa Rica ha sido víctima de acoso escolar en algún momento. Las formas de violencia van desde conflictos verbales y psicológicos hasta episodios extremos, como el caso reciente en Liberia en el que un estudiante murió luego de un ataque de un compañero.
La coordinadora del Observatorio de la Educación de la UAM, Fernanda Segura, describe a las instituciones educativas como el núcleo de la convivencia nacional y advierte que cualquier manifestación de violencia en esos espacios tiene un impacto directo en el tejido social del país.
Segura plantea que la intervención debe centrarse en la detección temprana de conductas de riesgo y en el acompañamiento sistemático del estudiantado. El enfoque integral requiere una mayor coordinación entre docentes, equipos de orientación, familias y comunidades para construir respuestas sostenibles que frenen la escalada de violencia.
El Ministerio de Educación Pública ha establecido protocolos para abordar riesgos como el bullying; la tenencia o uso de armas; el consumo y tráfico de drogas; la violencia física y psicológica; el acoso y hostigamiento sexual; las autolesiones y tentativas de suicidio; el embarazo infantil y la maternidad adolescente; la discriminación racial y la xenofobia; y la atención a sobrevivientes de trata de personas.
Violencia estructural y respuesta educativa
Cuando jóvenes y adolescentes enfrentan desigualdad, falta de oportunidades y debilitamiento institucional, aumenta el riesgo de que la violencia se normalice o se utilice como estrategia de supervivencia, alerta Fernanda Segura. Ante esto, la especialista subraya la necesidad de un abordaje integral que siga las directrices de las políticas públicas.
Segura señala que la violencia suele originarse en el entorno familiar y social y hoy se manifiesta con particular intensidad en las aulas. Prevenirla implica actuar desde el hogar, la comunidad y las instituciones antes de que sus consecuencias sigan escalando y causen más daños.
