El caso de violencia de género y abuso sexual denunciado por A. Y., una joven japonesa de 23 años que aseguró haber sido secuestrada, violentada y amenazada por su ex pareja en Salta, pasará al fuero federal y será investigado como un presunto delito de trata de personas. Además, se envió a la Fiscalía Penal un informe con el pedido formal de detención del acusado.
El cambio de jurisdicción se habría decidido tras la amplia repercusión nacional que tuvo la denuncia y la difusión de detalles sobre el calvario que la mujer habría sufrido durante meses. Tras ser rescatada del domicilio donde ocurrieron los hechos, la víctima se encuentra en un lugar de alojamiento reservado y recibe acompañamiento institucional.
Uno de los aspectos que la Justicia analizará con detenimiento es cómo M. L. (23), el señalado como agresor, la convenció de mudarse desde Japón a la Argentina. Según la denuncia, la relación comenzó en su país de origen a mediados de septiembre de 2024.
La joven declaró que quedó embarazada a los cinco meses de conocerlo y que el embarazo habría sido consecuencia de que el acusado no utilizó protección pese a que ella se lo había pedido.
Ella explicó que aceptó trasladarse al país con la intención de acceder a un parto gratuito; sin embargo, al instalarse en Salta comenzaron las agresiones.
Según su relato, cuando empezaron a convivir la violencia por parte del imputado fue en aumento: en las discusiones él se enojaba y la agredía físicamente. A partir de junio, la gravedad de las lesiones se intensificó.
Describió episodios más graves que ya no eran simples forcejeos: le propinó golpes de puño en el rostro, le tiró del cabello con fuerza, la arrastró y la golpeó en distintas partes del cuerpo.
La denunciante también afirmó haber sido abusada sexualmente durante el embarazo: contó que el hombre insistía en mantener relaciones y que, ante su negativa, la habría forzado.
A. Y. atribuyó al acusado lesiones recientes y secuelas: le habría lastimado uno de sus dedos y, pese a que pidió asistencia médica, él se negó; como consecuencia sostiene que actualmente tiene imposibilidad para movilizar el dedo medio de la mano derecha, según declaró uno de sus acompañantes.
En la denuncia se consignó además violencia económica: el acusado habría manejado sus cuentas y tarjetas, gastando sus ahorros por un total de $180.000 y usando su tarjeta de crédito por $850.000.
También la habría obligado a pedir dinero a sus padres en Japón, la mantenía incomunicada por largos períodos y le retuvo el pasaporte para impedir que se fuera de la casa.
La mujer intentó escapar con su bebé, pero aseguró que le resultó prácticamente imposible porque no tenía una copia de las llaves. Por eso debió ser rescatada en un operativo; la encontraron con golpes en el rostro y encerrada en una habitación junto al bebé.
Intervino la División Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, que informó que la víctima recibió un acompañamiento integral. “Realizamos acompañamiento en su domicilio, entrevistas en el polo de las mujeres, participamos de audiencias judiciales y realizamos varios informes de seguimiento al juzgado”, indicó la subsecretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat.
Entre las medidas de asistencia, se le ofreció alojamiento en el Hogar de Resguardo para mujeres después de ser atendida por el equipo interdisciplinario del Polo Integral de las Mujeres. Además, se dispuso una traductora porque la denunciante no habla español.
Valencia Donat informó que se trabaja con organismos como el Registro Civil para tramitar el DNI del hijo y la Oficina de Migrantes y Refugiadas para regularizar la situación migratoria. También se solicitó al Ministerio de Desarrollo Social la entrega de leche y pañales y se pidió la intervención del Consulado de Japón en Argentina.
