El activista Erfan Soltani, de 26 años, fue dejado en libertad bajo fianza este fin de semana tras permanecer detenido desde principios de enero en el marco de las recientes protestas antigubernamentales en Irán. La excarcelación fue confirmada por la Organización de Derechos Humanos Hengaw y por su abogado, Amir Mousakhani, quienes indicaron que la fianza fue de dos mil millones de tomanes (aproximadamente 12.600 dólares).
Soltani, trabajador en una tienda de ropa que se convirtió en símbolo de la movilización social, fue arrestado en la noche del 8 de enero de 2026 en Fardis, cerca de Karaj, durante el estallido social que comenzó a finales de 2025. Algunas fuentes oficiales han registrado el 10 de enero como la fecha formal, pero organizaciones de derechos humanos y familiares sostienen que la detención tuvo lugar el día 8, en su vivienda o en las inmediaciones del distrito de Fardis. La familia permaneció tres días sin información hasta que las autoridades confirmaron su situación el 11 de enero; finalmente fue liberado bajo fianza el 31 de enero de 2026.
La familia denunció que en algún momento se le amenazó con la ejecución, algo que el poder judicial iraní negó, señalando que no existe una condena a muerte en su caso. La judicatura precisó que los cargos formulados —“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”— implican penas privativas de libertad y que el expediente aún está en fase de investigación.
La detención se produjo en el contexto de una oleada de protestas iniciada el 28 de diciembre de 2025, cuyo desencadenante fue el desplome del rial y una inflación superior al 40%, lo que provocó una huelga en el Gran Bazar de Teherán. Las demandas económicas pronto derivaron en reclamos de cambio político y en consignas contra el régimen clerical y su líder supremo, Ali Khamenei.
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue calificada por observadores como la más letal desde la creación de la República Islámica en 1979. El Gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 fallecimientos durante los disturbios, indicando que la mayoría corresponden a miembros de las fuerzas de seguridad y transeúntes, y atribuye la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA) documenta 6.713 muertes, en su mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.
Según las autoridades, las protestas comenzaron de forma pacífica pero derivaron en disturbios violentos, especialmente los días 8 y 9 de enero, cuando se intensificó la actuación policial y se produjeron detenciones de activistas como Soltani. El Gobierno de Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de promover los disturbios y califica la movilización como un intento de “golpe de Estado” dirigido desde el exterior.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han criticado la falta de transparencia del proceso judicial en Irán, señalando que a Soltani se le negó el acceso a un abogado independiente y que el procedimiento fue acelerado. A diferencia de las protestas de 2022, el movimiento actual ha reunido tanto a comerciantes tradicionales como a jóvenes trabajadores, movilizados por la crisis económica y por demandas de libertades políticas.
Aunque la presencia masiva en las calles ha disminuido por los cortes de internet y la represión estatal, la situación sociopolítica sigue siendo tensa. La liberación de Soltani bajo fianza destaca en un contexto en el que miles de personas permanecen detenidas, mientras el Gobierno sostiene que la seguridad nacional se encuentra en riesgo.
