El activista Erfan Soltani, de 26 años, quedó en libertad bajo fianza este fin de semana tras haber permanecido detenido desde principios de enero en el marco de las recientes protestas antigubernamentales en Irán. La excarcelación fue confirmada por la organización de derechos humanos Hengaw y por su abogado, Amir Mousakhani; la fianza fijada ascendió a dos mil millones de tomanes (aproximadamente 12.600 dólares).
Soltani, que trabajaba en una tienda de ropa y se convirtió en un símbolo de la movilización social, fue detenido la noche del 8 de enero de 2026 en Fardis, cerca de Karaj, durante el estallido social que comenzó a finales de 2025. Aunque algunas fuentes oficiales registraron el 10 de enero como fecha formal, informes de organizaciones de derechos humanos y familiares señalan que la captura ocurrió el día 8 en su domicilio o en sus inmediaciones. La familia permaneció tres días sin noticias hasta que el 11 de enero las autoridades confirmaron su detención; finalmente fue liberado bajo fianza el 31 de enero de 2026.
Los familiares afirmaron que las autoridades llegaron a amenazarle con la ejecución, pero el poder judicial iraní negó que exista una pena capital en su causa. La judicatura indicó que los cargos formulados contra él —“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”— implican penas de prisión y que el caso aún está en fase de investigación.
La detención de Soltani se produce en el contexto de una oleada de protestas que comenzó el 28 de diciembre de 2025. El desencadenante fue la fuerte depreciación del rial y una inflación superior al 40%, que motivó una huelga en el Gran Bazar de Teherán. Las demandas económicas derivaron pronto en reivindicaciones políticas y en llamados al fin del régimen clerical, con consignas dirigidas contra el líder supremo, Ali Khamenei.
Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión que observadores describen como la más letal desde la fundación de la República Islámica en 1979. El Gobierno iraní ha reconocido más de 3.000 fallecidos durante los disturbios, afirmando que la mayoría corresponden a miembros de los cuerpos de seguridad y transeúntes y atribuyendo la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 6.713 muertes —en su mayoría manifestantes— y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.
Según las autoridades, las protestas fueron al principio pacíficas pero derivaron en disturbios violentos, especialmente los días 8 y 9 de enero, cuando se intensificó la actuación policial y se produjeron detenciones como la de Soltani. Teherán ha acusado a Estados Unidos e Israel de promover los disturbios y ha calificado la movilización como un intento de “golpe de Estado” orquestado desde el exterior.
Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han criticado la falta de transparencia del proceso judicial en Irán, denunciando que a Soltani se le negó acceso a un abogado independiente y que su procedimiento fue muy acelerado. A diferencia de las protestas de 2022, el actual movimiento ha unido a comerciantes tradicionales y a jóvenes trabajadores, motivados tanto por la crisis económica como por demandas de libertades políticas. Aunque la presencia masiva en las calles ha disminuido debido a cortes de internet y a la respuesta estatal, la tensión sociopolítica persiste. La liberación de Soltani bajo fianza destaca en un contexto en el que miles de detenidos siguen bajo custodia y el Gobierno mantiene que la seguridad nacional está en riesgo.
