El gobierno iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas que habrían muerto durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, mientras que las autoridades de Teherán fijan el total en 3.117 fallecidos. Organismos internacionales y de derechos humanos advierten, no obstante, que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas.
“Lamento informar a la nación que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Pezeshkian explicó que la diferencia de 131 personas entre el total anunciado y la lista publicada obedece a identidades desconocidas y discrepancias en los registros de documentos nacionales, que serán incorporadas en un listado complementario tras su verificación.
El presidente añadió que en las próximas 48 horas se pondrá en marcha un sistema para que cualquier nueva información o reclamación pueda ser examinada y verificada sin trámites administrativos complejos.
El comunicado oficial siguió la línea del régimen al atribuir el elevado número de víctimas a “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel, señalando que los adversarios del país “comercian con vidas humanas”. La declaración no ofreció pruebas concretas sobre esas acusaciones.
Las cifras oficiales contrastan con informes de organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló a medios estadounidenses que reportes de personal médico dentro del país sugieren que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, confirmó que la cantidad de muertos y heridos por la represión ha sido “enorme, de miles de personas”, y añadió que la verificación independiente se complica por las restricciones persistentes sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo disparos con rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Informes citan morgues desbordadas, almacenamiento de cuerpos en contenedores refrigerados y entierros rápidos sin identificación previa, lo que, según estas organizaciones, podría indicar intentos de ocultar la magnitud de los hechos.
El régimen impuso un apagón casi total de internet desde el 8 de enero, una medida que ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, describió este corte como el bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio externo.
Activistas y organismos de derechos humanos sostienen que la desconexión dejó a la población aislada y facilitó actuaciones de las fuerzas de seguridad con mayor impunidad, al reducir la posibilidad de documentación y denuncia de abusos en tiempo real.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente como respuesta al fuerte deterioro económico. En diciembre la inflación anual alcanzó el 42,2% y el precio de los alimentos subió un 72%. La moneda nacional se depreció fuertemente, hasta situar el dólar en torno a 145.000 tomanes.
Lo que empezaron como huelgas de comerciantes se transformó en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con consignas en contra del líder supremo Ali Khamenei y pedidos de cambio del sistema político. Estas movilizaciones han sido descritas como las mayores desde las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Informes periodísticos y de organizaciones verificaron videos que mostrarían a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en varios barrios de Teherán. En algunas localidades, como Fardis, testigos relataron episodios de violencia con numerosos muertos tras el uso de armas automáticas desde vehículos.
En una sesión de emergencia la semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución con 25 votos a favor que condena la represión violenta y señala que esta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y en un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. Además, la resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el del relator especial.
