El régimen iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, mientras que Teherán cifra el total de muertos en 3.117. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos advierten, no obstante, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas mortales.
“Lamento informar a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario explicó que la diferencia de 131 personas entre la cifra total y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y a discrepancias en los registros del documento nacional de identidad, que se incluirán en una lista complementaria una vez sean corregidas.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.
El comunicado presidencial sigue la línea del régimen al atribuir el elevado número de víctimas a “terroristas” supuestamente respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin dar detalles concretos.
Las cifras oficiales contrastan marcadamente con las obtenidas por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, dijo a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país indican que las muertes podrían alcanzar las 20.000 personas.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas este mes ha sido enorme, de miles de personas”, afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, aunque reconoció que es “difícil verificar” la información que llega desde el país debido a las restricciones sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El desbordamiento de las morgues, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los enterramientos apresurados sin identificación apuntan, según estas organizaciones, a intentos de ocultar la verdadera dimensión de la matanza.
El casi total apagón de internet impuesto desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, señaló que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Según organizaciones de derechos humanos, esta desconexión ha facilitado una mayor impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la crisis económica que atraviesa el país. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y los precios de los alimentos subieron un 72%. El rial sufrió una fuerte depreciación, con el dólar estadounidense situándose en torno a los 145.000 tomanes.
Lo que comenzaron como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con cánticos contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Estas movilizaciones han sido las más grandes desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.
Fuentes indican que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar para matar. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos relatan que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por Francia, Italia, España y el Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, a las desapariciones forzadas, a la tortura y a otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
