En los tribunales federales de Comodoro Py se están formando dos causas que investigan posibles irregularidades en los subsidios al transporte público. Por ahora, tras un enfrentamiento entre fiscales y jueces, los expedientes seguirán por vías separadas, aunque podrían tener vínculos y un mismo punto de partida: el cobro del boleto cuando el pasajero sube al colectivo.
La disputa principal giró en torno a si correspondía acumular las causas, es decir, investigarlas en un mismo juzgado por su posible conexión.
El primer expediente se abrió el 30 de diciembre de 2025 tras una denuncia de la empresa Sargento Cabral SAT, y quedó bajo la instrucción del fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello.
La presentación acusaba a representantes de distintas cámaras empresariales —entre ellas CETUBA, CEAP y CTPBA— de haber elevado una nota a la Secretaría de Transporte de la Nación con observaciones sobre ciertas líneas.
En esa nota se atribuía a las líneas 136, 163 y 182, operadas por Sargento Cabral SAT, un “comportamiento inusual” por un aumento en la distancia media abonada por los pasajeros, que se estimó entre un 75% y un 171%.
Sargento Cabral sostuvo ante el Gobierno y en sede judicial que las observaciones carecían de fundamento técnico y pericial, y que la presentación buscaba inducir a error a la Secretaría para provocar decisiones administrativas adversas.
Según la denuncia, esa maniobra habría provocado un daño económico a la empresa y al Estado, al privar al Ejecutivo de información completa y correcta para tomar decisiones. La empresa concluyó que las cámaras intentaban apropiarse de compensaciones que no les correspondían.
Tres semanas después, el 19 de enero de 2026, se inició un segundo expediente que apunta a investigar a funcionarios públicos —incluido el ministro de Economía, Luis Caputo— por un presunto manejo irregular de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA. Ese caso quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi.
La denuncia del segundo expediente plantea que empresas del sector, como La Nueva Metropol S.A. (que opera para Sargento Cabral) y DOTA S.A., habrían manipulado parámetros técnicos usados para liquidar compensaciones del sistema SUBE, con el objetivo de aumentar indebidamente montos de subsidio, en perjuicio del erario público y de otras empresas. También se acusó a las autoridades de omitir controles pese a advertencias técnicas y reclamos sectoriales.
En ambos expedientes ya se tomaron declaraciones testimoniales y se pidieron informes, según fuentes judiciales.
Al verificar los hechos denunciados en la segunda causa, el fiscal Marijuán solicitó al juez Casanello la unificación de los expedientes, al entender que la segunda investigación era consecuencia del mismo accionar denunciado en su caso. Casanello rechazó el pedido.
Casanello consideró que la mera relación con el régimen de subsidios no bastaba para establecer conexidad y que convenía profundizar cada investigación para determinar si existía una relación entre ambas. Marijuán apeló esa decisión ante la Cámara Federal porteña.
El mes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó el rechazo de Casanello a la inhibitoria.
La Cámara, en un fallo firmado por el juez Pablo Bertuzzi, entendió que las denuncias guardaban relación con la manipulación de parámetros técnicos del sistema SUBE y su impacto en la distribución de subsidios al transporte público.
Bertuzzi apuntó que la diferencia entre las causas radicaba en la perspectiva: en la investigación de Marijuán se denunciaron presentaciones administrativas sin sustento técnico por parte de representantes de cámaras empresariales para perjudicar a empresas, mientras que en la de Picardi se imputaba a compañías por la manipulación del SUBE.
Por ello, la Cámara devolvió al juez Julián Ercolini el planteo para que decidiera si correspondía unificar las causas en un solo despacho.
La querella de las cámaras empresariales solicitó que las causas continúen por separado. Sus abogados argumentaron que en la segunda causa no se denunció la adulteración del SUBE, sino que la investigación se centró en la integridad y confiabilidad del sistema.
Según esa postura, los expedientes tendrían objetos procesales distintos e incluso opuestos, con actores, víctimas y roles procesales diferentes; además, sostuvieron que quienes son testigos en un expediente podrían quedar imputados en el otro, lo que implicaría riesgo de autoincriminación.
El fiscal Franco Picardi se pronunció en contra de ceder su investigación a Marijuán.
Aunque reconoció la decisión de la Sala I, Picardi consideró que no estaban dadas las condiciones para la acumulación: a su juicio, los objetos procesales eran distintos, los denunciantes y las hipótesis delictivas no coincidían, y los hechos investigados remiten a situaciones fácticas diferentes.
Finalmente, el titular del Juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini, resolvió rechazar la inhibitoria y mantener las causas separadas.
La disputa judicial por la acumulación puede continuar, pero por ahora ambos fiscales seguirán investigando por separado para determinar si hubo irregularidades vinculadas a empresas de colectivos y al Estado.
