El régimen iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, y afirmó en total 3.117 muertos. Organismos de la ONU y de derechos humanos, sin embargo, advierten que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, llegando a estimaciones de hasta 20.000 víctimas mortales.
“Lamento informar a la honorable nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario explicó que la diferencia de 131 personas entre la cifra total y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en el registro del documento nacional de identidad, que serán incorporadas en una lista complementaria una vez se corrijan.
Pezeshkian anunció asimismo que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que cualquier información nueva o reclamación pueda ser examinada y verificada sin trámites administrativos complicados.
El comunicado presidencial sigue la línea oficial que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó el presidente, sin dar detalles concretos.
Las cifras oficiales contrastan notablemente con los datos que recogen organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país sugieren que las víctimas mortales podrían llegar a 20.000.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas durante este mes ha sido enorme, de miles de personas”, confirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque subrayó que es difícil verificar la información que procede del país debido a las restricciones en el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con fuerzas de seguridad empleando rifles y escopetas cargadas con perdigones contra manifestantes desarmados. Las morgues saturadas, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y enterramientos apresurados sin identificación previa son, según estas organizaciones, indicios de un posible intento deliberado por ocultar la verdadera dimensión de la represión.
El apagón casi total de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización que monitorea la conectividad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia reciente de Irán, con el objetivo aparente de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional. Derechos humanos sostienen que esta desconexión ha facilitado actuaciones con mayor impunidad por parte de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la crisis económica. En diciembre la inflación llegó al 42,2% y el precio de los alimentos aumentó un 72%. El rial se depreció de forma abrupta, y el dólar estadounidense alcanzó los 145.000 tomanes.
Lo que empezaron como huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las protestas más numerosas desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados en medios internacionales, el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que las protestas fueran reprimidas “por cualquier medio necesario”.
Según informes, las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar con intención letal. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la semana pasada, en una sesión de emergencia, una resolución con 25 votos a favor en la que se denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos.
La resolución prorrogó además por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el mandato de la relatora especial.
