El régimen iraní publicó este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, y comunicó un total de 3.117 muertes. Organismos de la ONU y de derechos humanos advierten, sin embargo, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas mortales.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y a discrepancias en los registros del documento nacional de identidad, que se incorporarán en una lista complementaria una vez corregidas.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.
El comunicado presidencial sigue la línea oficial que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. Pezeshkian afirmó que “los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, sin citar casos concretos.
Estas cifras oficiales contrastan marcadamente con las de organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, dijo a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país apuntan a que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.
Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, confirmó que “la magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, y añadió que es difícil verificar la información que proviene del país debido a las restricciones continuas sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El desbordamiento de morgues, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y enterramientos apresurados sin identificación previa son, según estas organizaciones, indicios de un intento por ocultar la verdadera dimensión de la represión.
El casi total apagón de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, señaló que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar el país del escrutinio internacional. Esta desconexión, denuncian organizaciones de derechos humanos, ha permitido que las fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la grave crisis económica que atraviesa el país. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y el precio de los alimentos subió un 72%. El rial se depreció drásticamente y el dólar llegó a cotizarse en 145.000 tomanes.
Lo que empezaron siendo huelgas de comerciantes se transformó rápidamente en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las protestas más extensas desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más grave los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Según varias fuentes, las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar para matar. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos aseguran que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución amplió por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y prorrogó por un año el mandato de la relatora especial.
