El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, mientras que las autoridades de Teherán sitúan el total en 3.117 muertos. Organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos advierten, no obstante, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan a las 20.000 víctimas mortales.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en el registro del documento nacional de identidad, que se incorporarán en una lista complementaria una vez corregidas.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que cualquier nueva información o reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas.
El comunicado presidencial sigue la línea oficial del régimen, que atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin ofrecer detalles específicos.
Las cifras oficiales contrastan de forma marcada con las obtenidas por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, declaró a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país sugieren que las muertes podrían alcanzar las 20.000 personas.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque admitió que es difícil verificar la información que llega desde el país debido a las restricciones continuas sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal de forma indiscriminada, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El desbordamiento de morgues, el uso de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y entierros rápidos sin identificación previa apuntan, según estas organizaciones, a intentos de ocultar la verdadera escala de la represión.
El casi total apagón de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Esta desconexión, según organizaciones de derechos humanos, ha permitido que las fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas inicialmente por la grave crisis económica que atraviesa Irán. La tasa de inflación llegó al 42,2% en diciembre, con un aumento del 72% en el precio de los alimentos, y el rial se depreció drásticamente, con el dólar alcanzando los 145.000 tomanes.
Lo que empezaron como huelgas de comerciantes se transformó en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con cánticos contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las protestas más importantes desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, según informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.
Fuentes indican que las fuerzas de seguridad recibieron órdenes de disparar con intención letal. The New York Times verificó vídeos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En la ciudad de Fardis, testigos informaron que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
