El Gobierno del Reino Unido anunció un paquete de sanciones contra diez ciudadanos iraníes, entre ellos el ministro del Interior Eskandar Momeni y varios altos mandos de las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, las medidas incluyen congelación de activos, prohibiciones de viajar e impedimentos para dirigir empresas, como respuesta a lo que Londres considera graves violaciones de derechos humanos durante la represión de las protestas en Irán.
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que el Reino Unido está cumpliendo su compromiso de imponer sanciones y de exigir responsabilidades a las autoridades iraníes. Cooper destacó el “extremo coraje” mostrado por la población iraní frente a la represión al ejercer su derecho a la protesta pacífica.
En la lista de sancionados figura Momeni, quien supervisa las Fuerzas de Seguridad del Estado de la República Islámica de Irán (FARAJA), a las que Londres acusa de ser las principales responsables de la violencia contra manifestantes. También fueron incluidos el jefe de la Policía de Seguridad Pública, Seyed Majid Feiz Jafari; Mohammad Reza Hashemifar, jefe de Policía de la provincia de Lorestán; y dos jueces del Tribunal Revolucionario de Rasht, Ahmad Darvish Goftar y Mehdi Rasakhi.
Las sanciones afectan asimismo a varios miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, como el comandante Yadollah Bouali y el oficial Mohammad Zamani, y al empresario Babak Zanjani, vinculado a la Guardia. El Gobierno británico le atribuye haber generado fondos y facilitado actividades delictivas del cuerpo, incluidas acciones relacionadas con la represión. Zanjani había sido condenado a muerte en 2016 por malversación de fondos de la petrolera estatal, pena que fue conmutada en 2024.
Las protestas se iniciaron el 28 de diciembre de 2025 por motivos económicos y la depreciación del rial. Se extendieron rápidamente por todo el país y pasaron a representar un desafío directo al régimen teocrático. La respuesta oficial fue violenta: la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA) informa de al menos 6.842 personas confirmadas muertas, en su mayoría manifestantes, y está investigando 11.280 casos adicionales; otras estimaciones independientes elevan la cifra de fallecidos por encima de los 30.000.
El régimen iraní ofreció una cifra oficial de 3.117 muertos, de los que 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, calificando al resto como “terroristas”, y atribuyó la violencia a actos instigados por Estados Unidos e Israel. Por su parte, organismos internacionales de derechos humanos han documentado el uso sistemático de armas de fuego, cañones de agua, gas lacrimógeno y palizas por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes en su mayoría pacíficos.
El Reino Unido actúa en consonancia con sanciones recientes de Estados Unidos y de la Unión Europea. La administración estadounidense sancionó días antes a Momeni, y la UE declaró a la Guardia Revolucionaria Islámica organización terrorista en una medida de gran simbolismo que el Reino Unido no ha adoptado. Con las sanciones anunciadas este lunes, el Reino Unido ha impuesto más de 550 restricciones a personas y entidades iraníes vinculadas a violaciones de derechos humanos, con el objetivo de responsabilizar a quienes considera implicados en una de las represiones más letales en la historia reciente de Irán. Cooper señaló que las imágenes y los informes de violencia justifican una respuesta internacional coordinada.
