Un juez federal de Córdoba autorizó la libertad con control por tobillera electrónica para el empresario Diego Hernán Dirisio y su pareja, Julieta Nardi, exmodelo paraguaya, quienes están acusados de vender de forma ilegal más de 90 armas de fuego a los grupos brasileños PCC y Comando Vermelho. La medida se dictó mientras se tramita el pedido de extradición de Dirisio a Brasil.
Ambos fueron detenidos en febrero de 2024 cerca de su domicilio en el barrio Cerro de las Rosas, en Córdoba, tras una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional vigente desde el 5 de diciembre de 2023.
La solicitud de captura fue presentada por el Segundo Juzgado Federal Criminal del Estado de Bahía (Brasil), que les imputa delitos de tráfico internacional de armas, lavado de dinero y organización criminal.
Según el Ministerio de Seguridad, la investigación reconstruyó un procedimiento mediante el cual la empresa presidida por Dirisio y administrada por Nardi, como vicepresidenta, habría legalizado la importación de armas en Paraguay para luego sacarlas del circuito regular mediante maniobras ilícitas que las dirigían hacia Brasil.
El financiamiento del tráfico, según la pesquisa, se realizaba con envíos de dinero desde Paraguay a un cambista en Kansas, Estados Unidos, que luego desviaba fondos a Europa para pagar los lotes de armas. Esa operación habría contado con la colaboración de una red de “doleiros”, cambistas informales que operaban entre Paraguay y Estados Unidos para eludir controles financieros.
Entre las tácticas para ocultar el volumen y destino real del armamento, la empresa simulaba ventas minoristas en Paraguay: transferencias de dos o tres armas a personas con escasa capacidad económica, identificadas como empleados, jornaleros o estudiantes, lo que encubriría el desvío masivo hacia Brasil a través de intermediarios que contactaban a las células criminales.
Los procedimientos logísticos habrían incluido la intervención de la Dirección de Materiales Bélicos de Paraguay, que, según la investigación, no habría realizado controles claves, facilitando el ingreso y la salida ilícita de armas suministradas por la empresa vinculada a Dirisio.
Antes de llegar a su destino en Brasil, las armas habrían pasado por Ciudad del Este, donde se les eliminaron los números de serie para impedir su trazabilidad. El Ministerio de Seguridad sostuvo que varias de esas armas fueron importadas legalmente a Paraguay desde 2012, pero en su totalidad terminaron en manos de grupos criminales brasileños.
La detención de los acusados en Córdoba se produjo tras seguimientos encubiertos y la verificación de identidades que permitieron su localización final.
En cuanto al proceso de extradición, la tramitación solicitada por Brasil quedó en pausa y la decisión definitiva está en manos de la Corte Suprema.
El juez federal del Estado de Bahía, Fabio Moreira Ramiro, suspendió todas las actuaciones en Brasil hasta que prospere o se descarte la extradición.
La abogada de Dirisio, Angela Burgos, viajó a Salvador de Bahía para reunirse con el magistrado que interviene en el caso.
Paralelamente, la defensa pidió la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se abrió un expediente y se dictó un pedido de medidas cautelares. Según Burgos, existen presuntas irregularidades en el proceso judicial brasileño; la letrada aseguró que no hay “ninguna prueba concreta” que vincule a Dirisio con el tráfico de armas.
Dirisio y Nardi recuperaron la libertad hace una semana mediante una caución real de 10 millones de dólares, garantizada por la propia Burgos. Inicialmente la defensa indicó que la medida no implicaba prisión domiciliaria, aunque sí prohibía a Dirisio salir del país; Burgos declaró que se ofreció como garante y que, en caso de incumplimiento, ella respondería.
No obstante, este jueves el juez federal N.° 3 de la capital cordobesa, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dispuso la prisión domiciliaria para Dirisio, según informó el medio local La Voz.
Dirisio afirmó que el requerimiento judicial brasileño responde a una “persecución” impulsada por un militar paraguayo y por miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas.
El acusado sostuvo que las imputaciones en su contra son falsas y vinculó el caso a una denuncia previa sobre supuestas irregularidades en un acuerdo entre un general paraguayo y una empresa relacionada con las Fuerzas Armadas de Brasil.
