Un juez federal en Córdoba dispuso la prisión domiciliaria con control por tobillera electrónica para Diego Hernán Dirisio —señalado como el principal contrabandista de armas de Sudamérica— y su pareja, la exmodelo paraguaya Julieta Nardi. Ambos están acusados de vender de manera ilegal más de 25.000 armas de fuego a los grupos criminales brasileños PCC y Comando Vermelho; la medida se adoptó mientras se resuelve el pedido de extradición de Dirisio a Brasil.
Fueron detenidos en febrero de 2024 cerca de su domicilio en el barrio Cerro de las Rosas de Córdoba, tras una alerta roja de Interpol y un pedido de captura internacional vigente desde el 5 de diciembre de 2023.
La solicitud de detención internacional provino del Segundo Juzgado Federal Criminal del Estado de Bahía (Brasil), que los imputa por presunto tráfico internacional de armas, lavado de dinero y pertenencia a una organización criminal.
Según la investigación citada por el Ministerio de Seguridad, se reconstruyó un modus operandi mediante el cual la empresa presidida por Dirisio y administrada por Nardi legalizaba la importación de armas en Paraguay. Las armas, adquiridas en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, habrían salido luego del circuito regular mediante maniobras para redirigirlas a Brasil y abastecer al crimen organizado.
El esquema financiero que habría sustentado el tráfico incluía envíos de fondos desde Paraguay a un cambista en Kansas (Estados Unidos), quien posteriormente los desviaba hacia Europa para realizar los pagos internacionales por los lotes de armamento. Para ello se habría contado con una red de “doleiros”, cambistas informales conectados entre Paraguay y Estados Unidos, que facilitaban movimientos de dinero fuera de sistemas de control.
Para ocultar la verdadera escala y destino de las armas, la empresa simulaba ventas minoristas en Paraguay: pequeñas transferencias de dos o tres unidades a personas con recursos limitados, identificadas como empleados, jornaleros o estudiantes. Estas operaciones habrían servido como cobertura para el desvío masivo hacia Brasil, gestionado por un tercero que mantenía contacto con las células criminales.
Los procedimientos logísticos también incluirían la intervención de la Dirección de Materiales Bélicos de Paraguay, organismo que, según la investigación, omitió controles clave y permitió tanto el ingreso como la salida ilícita de armamento suministrado por la empresa vinculada a Dirisio.
Antes de llegar a su destino en Brasil, las armas pasaban por Ciudad del Este, donde se les habrían borrado los números de serie para impedir su trazabilidad. El Ministerio de Seguridad indicó que 25.000 armas fueron importadas legalmente a Paraguay desde 2012 y que, según la pesquisa, una parte significativa acabó abasteciendo a grupos criminales en Brasil.
La detención se concretó en la ciudad de Córdoba luego de localizar a los acusados mediante seguimientos encubiertos y la verificación de identidades.
En lo judicial, la situación de Dirisio sufrió cambios: el proceso de extradición solicitado por Brasil quedó en pausa y la decisión final está en manos de la Corte Suprema.
El juez federal de Bahía, Fábio Moreira Ramiro, suspendió las actuaciones en Brasil hasta que prospere o se descarte la extradición.
La abogada de Dirisio, Ángela Burgos, viajó a Salvador de Bahía para reunirse con el magistrado brasileño.
Paralelamente, la defensa solicitó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ya se abrió un expediente y se solicitó la adopción de medidas cautelares. Burgos sostuvo que existen presuntas irregularidades en el proceso brasileño y afirmó que “no existe ninguna prueba concreta que indique que Dirisio sea un traficante de armas”.
Dirisio y Nardi habían quedado en libertad hace una semana tras la constitución de una caución real de 10 millones de dólares, garantizada por la propia Burgos. Inicialmente, la defensa señaló que la medida no implicaba prisión domiciliaria, aunque sí prohibía que Dirisio abandonara el país. Burgos explicó que se ofreció como garante y que, en caso de incumplimiento, sería ella quien respondería.
No obstante, el jueves el juez federal N.o 3 de la capital cordobesa, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó la prisión domiciliaria para Dirisio, según informó el medio local La Voz.
Dirisio afirmó que el requerimiento judicial brasileño responde a una “persecución” impulsada por un militar paraguayo y por miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas.
El acusado sostuvo que las imputaciones en su contra son falsas y vinculó la causa con una denuncia previa sobre supuestas irregularidades en un acuerdo entre un general paraguayo y una empresa vinculada a las Fuerzas Armadas de Brasil.
