El Ministerio de Salud de Australia declaró una emergencia debido al aumento del uso de bicicletas eléctricas y al crecimiento de accidentes graves y muertes vinculadas a estos vehículos, especialmente entre adolescentes. Las autoridades alertan sobre la proliferación de modelos ilegales en las principales ciudades y la falta de controles técnicos, mientras comerciantes y centros educativos buscan respuestas y estrategias.
Según The Guardian, en Nueva Gales del Sur se registraron 226 personas heridas en 2024 y 233 en los primeros siete meses de 2025, además de cuatro fallecimientos. En Queensland, cifras preliminares indican 239 siniestros y cuatro muertes en el mismo período. Las autoridades reconocen que el total real podría ser mayor por el subregistro de incidentes menores.
El aumento de accidentes ha desatado un debate nacional sobre si prohibir estos vehículos, endurecer su regulación o reforzar la educación vial. Registros policiales y asociaciones ciclistas reconocen que, aunque las bicicletas eléctricas aportaron movilidad y beneficios ambientales, el contexto actual presenta consecuencias preocupantes.
El ministro de Salud, Mark Butler, calificó a estos vehículos como “una verdadera amenaza en la vía pública” y pidió medidas urgentes para “detener la entrada de estos vehículos al país”, facultando a la policía para “retirarlos, destruirlos y eliminarlos”.
El uso de bicicletas eléctricas se aceleró tras la relajación de normas de importación en 2021, lo que permitió la llegada de modelos con motores más potentes y aceleradores sin restricciones. Esta mayor disponibilidad contribuyó al crecimiento del fenómeno.
Ben Boucher, estudiante de 16 años, afirmó que la bicicleta eléctrica le da independencia y facilita su desplazamiento al colegio: “Simplemente es más fácil moverse”, dijo a The Guardian.
No obstante, existe preocupación porque muchos menores desconocen las normas de tránsito y los riesgos asociados. Max, un alumno de 15 años, contó que en las clases de educación vial aprendió la importancia del casco, pero advirtió que numerosos compañeros y algunos padres ignoran que estos vehículos pueden superar los 50 km/h.
En 2025, el gobierno federal estableció una potencia máxima de 250 vatios y una velocidad límite de 25 km/h para las bicicletas eléctricas. Pese a ello, comerciantes y expertos afirman que numerosos modelos evaden los controles oficiales.
Nueva Gales del Sur, que antes permitía motores de hasta 500 vatios, tuvo que ajustarse a los límites nacionales. Aun así, los usuarios pueden modificar técnicamente sus bicicletas para alcanzar velocidades superiores a las permitidas.
El tema llegó al ámbito político. Butler señaló que “los niños siempre han cometido imprudencias con las bicicletas, pero ahora las lesiones son mucho más graves”. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, reconoció que los gobiernos intentan “cerrar la puerta del establo” cuando el problema ya se ha agravado.
La líder opositora Natalie Ward pidió “sacar las bicicletas eléctricas de las calles” y advirtió sobre el crecimiento de grupos juveniles denominados en medios como ebikie gangs. Estas posturas reflejan la falta de consenso sobre cómo gestionar lo que se percibe como una potencial emergencia sanitaria.
El fenómeno también afectó al comercio. Francisco Furman, dueño de Manly Bikes en Sídney, contó a The Guardian que tras la muerte de un usuario en diciembre las ventas cayeron en una temporada normalmente activa: “Tuvimos muchas cancelaciones, lo que afecta gravemente nuestro negocio”, explicó. Por eso redujo su stock ante la incertidumbre regulatoria.
Otros comerciantes, como Tadana Maruta, propietario de la tienda Pedl, sostienen que las nuevas restricciones no serán suficientes, ya que muchas bicicletas pueden modificarse para exceder los límites legales.
Maruta añadió que continúa la venta de modelos ilegales para uso privado, que superan los 25 km/h o carecen de pedales, y que muchos compradores los usan igualmente en la vía pública. “Todo lo que se necesita es un adolescente ingenioso, y siempre hay uno capaz de hacerlo”, señaló.
La policía australiana intensificó los operativos contra bicicletas eléctricas y motocicletas ilegales. En una inspección en Melbourne en agosto, más de la mitad de los vehículos confiscados no cumplían la normativa vigente. El comisario adjunto de la policía de Victoria, Glenn Weir, afirmó que existe “una falta clara de comprensión, o un desinterés evidente, por cumplir la ley”.
Además, los denominados rideouts —encuentros de ciclistas adolescentes organizados por redes sociales— están sujetos a nuevas restricciones. En Sídney y Melbourne, estas reuniones han movilizado a cientos de jóvenes y generado quejas de residentes y autoridades.
Entre las posibles respuestas se encuentran el aumento de operativos policiales y la expansión de la educación vial. Bicycle NSW, la principal organización de ciclistas de Nueva Gales del Sur, promueve un programa piloto de formación en escuelas con la intención de ampliarlo a todo el estado.
Esta organización opina que la intervención policial debe ser el último recurso y apuesta por informar a adolescentes, padres y comercios sobre la normativa vigente. Al mismo tiempo, colectivos como Bike Life Australia trabajan con la policía para organizar salidas legales y prevenir incidentes.
El desafío de conciliar la movilidad sostenible con la seguridad pública sigue abierto en Australia. Para muchos comerciantes, la adopción de bicicletas eléctricas es ya irreversible, y sus efectos, tanto positivos como negativos, forman parte de la dinámica urbana del país.
